Dos integrantes de una organización dedicada al tráfico de cocaína en distintas localidades de Entre Ríos fueron condenados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, en una causa que investigó el funcionamiento de una estructura que operó de manera coordinada entre febrero y octubre de 2024.
Los condenados son José Luis Machado, de 37 años, oriundo de Concordia, y Brian Hernán Sosa, de 29, de Federación. El primero recibió una pena de seis años y diez meses de prisión, mientras que el segundo fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional.
La investigación determinó que la organización distribuía estupefacientes en Concordia, Chajarí, Federación y San Jaime de la Frontera, entre otras localidades mencionadas en el expediente. Según la acusación, la droga era adquirida principalmente en Posadas, provincia de Misiones, y también en Corrientes y Paraguay, para luego ser trasladada y comercializada en distintos puntos de la región.
El principal responsable recibió casi siete años de prisión
El Tribunal, integrado por los jueces Sebastián Gallino, Noemí Berros y Mariela Rojas, condenó a Machado como autor del delito de comercialización de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas.
Además de la pena de seis años y diez meses de prisión, le impuso una multa de $15.333.300.
En el caso de Sosa, fue considerado partícipe secundario del delito de comercialización de estupefacientes. Recibió tres años de prisión de ejecución condicional y una multa de $4.599.900. Por tratarse de una condena condicional, deberá cumplir reglas de conducta durante tres años.
La causa también tiene como imputados a Acevedo, Rigoni, Marzoratti y Escobar. Según la información del expediente, los otros cuatro involucrados definirán su situación procesal mediante juicios abreviados.
Cómo funcionaba la organización
De acuerdo con el requerimiento fiscal de elevación a juicio, Machado ocupaba el lugar central dentro de la estructura. Además de financiar las operaciones, habría sido el encargado de acordar la compra de la droga con proveedores de Misiones, Corrientes y Paraguay.
Una vez adquirida, la sustancia era trasladada a Entre Ríos con la colaboración de otras personas, entre ellas Acevedo. Posteriormente, Machado distribuía los estupefacientes entre distintos vendedores que operaban en las localidades investigadas.
La sentencia destacó que esos vendedores recibían la mercadería y, en algunos casos, contaban con facilidades de pago. Según los elementos analizados por el tribunal, Machado llevaba un registro de las entregas y del dinero que iba cobrando, con un sistema similar a una cuenta corriente individual para cada comprador.
Los jueces consideraron que el acusado desempeñó un papel determinante en las distintas etapas del tráfico: desde la adquisición de la droga hasta su traslado y distribución.
Una planilla de Excel fue una prueba clave
Uno de los elementos probatorios centrales surgió del análisis de un teléfono celular secuestrado durante la investigación.
Los investigadores encontraron una planilla de Excel denominada «Extra», en la que Machado registraba las cantidades de estupefacientes entregadas a distintas personas y los pagos recibidos, tanto en efectivo como mediante transferencias.
El tribunal entendió que los nombres consignados en ese archivo coincidían con personas con las que Machado mantenía conversaciones vinculadas al tráfico de drogas.
La defensa había planteado que esos intercambios podían estar relacionados con su actividad lícita vinculada a la madera. Sin embargo, los jueces rechazaron esa interpretación al considerar que las pruebas reunidas permitían vincular las conversaciones y los registros contables con la comercialización de estupefacientes.
También desestimaron los planteos de nulidad relacionados con el inicio de la investigación y con la cadena de custodia del teléfono celular analizado.
Qué se probó sobre el condenado de Federación
Respecto de Sosa, el tribunal reconoció que durante el allanamiento de su domicilio no se encontraron elementos que lo relacionaran directamente con el tráfico de estupefacientes y que las tareas de vigilancia tampoco habían permitido detectar movimientos concluyentes de comercialización.
Sin embargo, los jueces consideraron que existían otras pruebas suficientes para acreditar su colaboración con Machado.
Entre ellas se mencionó información extraída de una planilla que coincidía con los registros que el principal acusado llevaba sobre las personas a las que abastecía.
No obstante, el tribunal entendió que no se había demostrado que Sosa actuara coordinadamente con otros integrantes de la organización ni que estuviera vinculado de manera habitual con la venta de drogas por cuenta propia. Por ese motivo, descartó aplicar la agravante por la intervención organizada de tres o más personas en su caso y lo condenó como partícipe secundario.
La investigación comenzó en 2024
La pesquisa se inició en enero de 2024 y avanzó principalmente a partir de escuchas telefónicas y del análisis de distintos elementos probatorios.
La acusación sostuvo que los integrantes de la estructura actuaban de manera coordinada para abastecer distintos puntos de venta de Entre Ríos, con una red de proveedores y distribuidores que permitía trasladar la droga desde el norte del país hasta las ciudades investigadas.
Con las condenas de Machado y Sosa, la Justicia Federal resolvió la situación de dos de los seis imputados señalados en la causa. Los restantes deberán definir su responsabilidad penal en los procedimientos correspondientes.
Con informacion de APF
Redaccion de 7Paginas
