La Cámara de Apelaciones de La Plata ratificó la suspensión de las actuaciones judiciales y exigió planos de mensura y división para determinar qué tierras fueron realmente subastadas. La operación habría incluido terrenos vendidos décadas atrás, calles públicas y sectores utilizados como acceso a Banco Pelay. El abogado y periodista Carlos Hartwig (Foto) denunció presuntas maniobras y reclamó que se investigue la actuación de funcionarios y profesionales involucrados.
Un conflicto judicial por tierras de la sucesión Tavella, en Concepción del Uruguay, sumó un capítulo de fuerte repercusión luego de que la Cámara de Apelaciones de La Plata confirmara la suspensión de las actuaciones vinculadas a una subasta pública que comprendió un inmueble de más de 15 hectáreas. La medida judicial puso el foco sobre una serie de inconsistencias entre la superficie consignada en el remate y los antecedentes registrales del terreno.
El expediente, caratulado “Briozzo Marta Cristina c/ Tavella de Rosende Fanny Stella s/ Apremio”, tiene como eje una ejecución por deudas impositivas en la que se habría rematado el predio bajo las dimensiones de su plano original, sin contemplar que una parte importante de esas tierras había sido loteada y transferida a terceros varias décadas atrás.
La controversia no es menor: de acuerdo con la documentación invocada en las presentaciones judiciales y la denuncia pública del abogado y periodista Carlos Hartwig, entre los terrenos comprendidos en la operación aparecen propiedades privadas previamente vendidas, trazados de calles, la avenida Tavella y sectores utilizados por el municipio para construir los accesos a Banco Pelay.
Un loteo anterior que no habría sido contemplado
Según los antecedentes expuestos, las tierras pertenecían originalmente a Fanny Stella Tavella de Rosende, quien entre 1985 y 1992 habría realizado un loteo y concretado siete transferencias a particulares y entidades, entre ellas la asociación gremial APINTA.
Esas operaciones redujeron la superficie remanente a aproximadamente 151.000 metros cuadrados. Sin embargo, al convocarse la subasta desde el Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Concepción del Uruguay, los edictos y el acta correspondiente habrían mantenido las dimensiones del plano primitivo.
De esa manera, la operación judicial habría comprendido superficies que ya no integraban el patrimonio disponible de la titular original, además de espacios públicos y sectores vinculados con el acceso a Banco Pelay.
Uno de los puntos más sensibles es precisamente la situación de los terrenos donde la Municipalidad instaló primero un puente provisorio y posteriormente el acceso definitivo al balneario. Hartwig sostiene que esas tierras nunca fueron formalmente expropiadas y que tampoco se habría regularizado debidamente su utilización.
Las irregularidades denunciadas
En su presentación pública, Hartwig cuestionó distintos aspectos del proceso de apremio y planteó que deberían investigarse las circunstancias en las que se concretó la ejecución.
Entre los puntos señalados aparece la notificación de la demandada en un domicilio que, según la denuncia, no correspondía a su residencia. El abogado sostiene que en el certificado de dominio incorporado al expediente figuraba un domicilio de Fanny Stella Tavella de Rosende en la ciudad de La Plata.
También cuestionó la magnitud de la medida ejecutiva, al afirmar que la venta de uno solo de los lotes habría sido suficiente para cubrir la deuda reclamada, sin necesidad de avanzar sobre la totalidad del inmueble.
Otro de los aspectos que puso bajo la lupa es la actuación del abogado Jorge Luis Satto, quien habría intervenido como representante de la ausente mientras se desempeñaba en el área jurídica de la Municipalidad de Concepción del Uruguay.
Hartwig considera que esa actuación debe ser investigada, especialmente por la posible afectación de terrenos y accesos de interés público. En ese sentido, reclamó la intervención del Concejo Deliberante y del Colegio de la Abogacía, para que se analice tanto la eventual responsabilidad funcional como la conducta profesional.
Se trata de cuestionamientos y acusaciones formulados por Hartwig, cuya veracidad y eventuales responsabilidades deberán ser determinadas por los organismos competentes.
Un fideicomiso y la comercialización de los terrenos
La denuncia también apunta a la constitución de un fideicomiso luego de concretada la subasta. Según Hartwig, esa figura habría comenzado a comercializar lotes y a promover acciones contra ocupantes, pese a que todavía existirían controversias sobre la titularidad definitiva y la posesión de las tierras.
El abogado advierte que esta situación podría generar perjuicios a terceros que ocupan o adquirieron terrenos, si finalmente se determina que las superficies incluidas en el remate no podían ser transferidas en las condiciones en que se realizó la operación.
En su planteo, además, cuestiona el origen de los fondos utilizados para adquirir la deuda que dio lugar al proceso de apremio y reclama que se investigue si la compra se efectuó con recursos propios o por mandato de terceros.
La Justicia exige planos y mantiene frenada la inscripción
Ante las diferencias detectadas entre lo subastado y los antecedentes dominiales y catastrales, el juez de primera instancia de La Plata, Enrique A. Gorostegui, dispuso la suspensión de las actuaciones y otorgó un plazo para que las partes, el martillero y el comprador pudieran formular sus explicaciones.
La decisión fue apelada por la parte actora y por Río Uruguay Cooperativa de Seguros Ltda., que plantearon que la suspensión no era necesaria y que podía avanzarse con la inscripción del inmueble mientras se realizaban las mediciones correspondientes.
Sin embargo, la Cámara de Apelaciones de La Plata confirmó el freno judicial. El tribunal consideró indispensable contar con los planos de mensura, división o loteo previos, además de los dictámenes técnicos de los organismos competentes, para establecer con precisión cuáles son las partidas inmobiliarias involucradas y cuáles son sus límites reales.
De esta manera, quedó suspendido el avance de la inscripción y de la entrega de la posesión definitiva hasta que se esclarezca la situación registral. Con esos elementos, la Justicia deberá resolver si corresponde continuar con la operación o si existen fundamentos para cuestionar la validez de la subasta.
Un conflicto que promete nuevos capítulos
Hartwig sostiene que el caso podría involucrar a más personas y reclama que se investigue el funcionamiento de las actuaciones judiciales, municipales y profesionales que rodearon el proceso.
Bajo la consigna “Hoy por ti, mañana por mí”, el denunciante plantea la existencia de un sistema de presunta reciprocidad de favores y silencios entre distintos actores de la ciudad, al que atribuye la posibilidad de que avanzaran operaciones inmobiliarias cuestionadas.
Por ahora, el dato concreto es que la Justicia decidió mantener frenada la inscripción del inmueble y exigió documentación técnica para establecer qué se subastó realmente. La definición puede resultar determinante no solamente para los herederos de la sucesión Tavella, sino también para los particulares que adquirieron terrenos, los ocupantes y el propio patrimonio público de Concepción del Uruguay.
El caso abre interrogantes sobre la situación de las calles, los accesos a Banco Pelay y las tierras que habrían quedado comprendidas en el remate. La investigación y las eventuales responsabilidades todavía deberán ser establecidas por la Justicia.
Por Carlos Hartwig
Redaccion de 7Paginas
