El empresario brasileño Odair Breier, titular de la firma Nueva Energía Solar S.R.L., fue formalmente imputado en una causa federal por presunto contrabando. El escándalo salpica a la provincia de Entre Ríos, donde el polémico proyecto fue anunciado con bombos y platillos, y fuertemente promocionado por la diputada concordiense Liliana Salinas, quien incluso lo había vinculado a donaciones para nosocomios locales como el Hospital Felipe Heras.
La investigación judicial
La causa se tramita ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Puerto Iguazú, a cargo del juez Dr. Marcelo Alejandro Cardozo (bajo el expediente N° FPO 2219/2026), un fuero con amplia injerencia en delitos fronterizos.
De acuerdo con la hipótesis que maneja la fiscalía, la firma investigada habría ingresado al país equipos fotovoltaicos —que incluyen paneles, baterías de litio e inversores— eludiendo los controles y requisitos aduaneros reglamentarios por la zona de la Triple Frontera (Foz do Iguaçu y Puerto Iguazú).
Si bien los paneles cuentan con un arancel de importación del 0%, los componentes electrónicos asociados tributan cargas impositivas que rondan entre el 38% y el 50% de su valor comercial, sumando IVA, anticipo de ganancias y tasas estadísticas.
Desde la Justicia aclararon preventivamente que la imputación no constituye una condena y rige el principio de inocencia hasta que exista sentencia firme.
Del anuncio rimbombante al galpón vacío en Diamante
El empresario brasileño —quien también preside Stel Soluciones Eléctricas— había proyectado una planta de ensamblado en Misiones y anunciado una mega inversión de 300 millones de dólares en la ciudad entrerriana de Diamante, prometiendo la creación de 40 puestos de trabajo y un nodo logístico respaldado por el gobierno provincial y el municipio local.
Sin embargo, tras los allanamientos conjuntos realizados por Gendarmería Nacional y la Aduana en las instalaciones portuarias, la realidad demostró ser muy distinta: el galpón asignado a la firma se encuentra totalmente vacío, sin obras, sin infraestructura y sin actividad alguna.
Fuentes del caso advierten que la maniobra habría tenido como único objetivo radicar el domicilio fiscal de la empresa en Entre Ríos para usufructuar los beneficios impositivos del Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI) sin realizar ninguna contraprestación real ni inversión genuina, configurando una presunta defraudación al fisco.
El rol y la promoción de la diputada Liliana Salinas
El trasfondo político del escándalo recae directamente sobre la legisladora provincial de Concordia, Liliana Salinas (Partido Conservador Popular), quien meses atrás había salido a respaldar públicamente al empresario y su firma.
En su momento, Salinas había confirmado pomposamente que la empresa brasileña donaría sistemas de paneles solares a instituciones de salud pública, entre ellas el Hospital Felipe Heras de Concordia.
En declaraciones periodísticas, la legisladora defendió fervientemente al inversor asegurando que se trataba de una compañía «totalmente genuina» con trayectoria en Brasil, buscando que el beneficio llegue a los nosocomios locales.
Hoy, tras conocerse la imputación federal por contrabando y las irregularidades en torno a los proyectos fantasma en la provincia, aquellos anuncios de campaña y gestiones políticas quedaron envueltos bajo un manto de profunda sospecha, mientras la Justicia Federal continúa profundizando las medidas de prueba para determinar las responsabilidades comerciales y los volúmenes de mercadería ingresados ilegalmente al país.
Fuente: 7Paginas
