El bloque de diputados oficialistas cuestionó al justicialismo por presentar un proyecto sobre la obra social y sostuvo que las auditorías buscan proteger los recursos de los afiliados. También recordó la deuda denunciada en el antiguo Iosper y defendió los débitos aplicados a prestadores.
La disputa política por el funcionamiento de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) sumó un nuevo capítulo. El bloque de diputados de Juntos por Entre Ríos salió al cruce del justicialismo por el proyecto presentado en la Legislatura y defendió los controles sobre la facturación de los prestadores, al sostener que el objetivo es evitar irregularidades y resguardar los fondos de los afiliados.
“Al PJ le escandaliza que ahora se controle la facturación”, afirmaron los legisladores oficialistas, quienes acusaron al peronismo de defender los privilegios del antiguo Iosper y cuestionar las auditorías que lleva adelante la actual obra social.
Como argumento central, citaron datos informados por OSER sobre una revisión de 106 internaciones, en la que se habrían identificado facturaciones duplicadas en 80 casos. También señalaron que se detectaron prestaciones facturadas por profesionales que no integran el registro de prestadores, presentaciones fuera de término y otras inconsistencias administrativas.
“Frente a esto, ¿qué pretenden los diputados del PJ? ¿Que se pague igual? ¿Que se mire para otro lado?”, cuestionaron.
La pelea por los débitos y las prestaciones
Desde Juntos por Entre Ríos remarcaron que las observaciones surgidas de las auditorías deben ser verificadas y conciliadas entre los equipos técnicos, pero defendieron la obligación de OSER de controlar cada factura antes de efectuar los pagos.
“La obra social tiene la obligación de pagar las prestaciones realizadas y correctamente facturadas. Ninguna entidad puede exigir que se renuncie a los controles como condición para mantener la atención”, sostuvieron.
En ese marco, apuntaron contra las medidas de FEMER y aseguraron que las diferencias de facturación deben resolverse entre las instituciones, sin involucrar a los pacientes.
“El tiempo de la extorsión terminó. No vamos a permitir que se juegue caprichosamente con la salud de los afiliados, cortando la atención cada vez que la obra social controla y debita lo que corresponde”, expresaron.
Los diputados también buscaron precisar el alcance de las restricciones en la atención médica. Según indicaron, las internaciones y las cirugías no están suspendidas, sino que la medida dispuesta por FEMER alcanza a las consultas durante la internación realizadas por profesionales nucleados en esa Federación.
“Alimentar la incertidumbre de las familias para sacar una ventaja política es una irresponsabilidad”, agregaron.
Cuidadores domiciliarios y plazos de pago
Otro de los puntos cuestionados por el justicialismo está relacionado con los débitos aplicados a cuidadores domiciliarios.
Al respecto, el bloque oficialista sostuvo que OSER establece un plazo de pago de 30 días desde la presentación de la factura, frente a los 60 días habituales para el resto de los prestadores.
Sobre los descuentos por horas facturadas, señalaron que corresponde cotejar las horas autorizadas, las efectivamente prestadas y las incluidas en las facturas.
“Si el PJ sostiene que esos descuentos son injustificados, que lo demuestre con documentación. Cuestionar una auditoría no reemplaza la obligación de explicar una factura”, afirmaron.
Los números que exhibió el oficialismo
En su respuesta, los legisladores también difundieron cifras sobre la cobertura y el funcionamiento de OSER. Indicaron que la obra social alcanza a 288.891 afiliados, de los cuales 286.620 residen en los 17 departamentos entrerrianos, distribuidos en 286 localidades, comunas y parajes. Esa cifra representa el 99,21 por ciento del padrón. Otros 2.271 afiliados viven en distintas provincias.
Del total de beneficiarios, 9.312 cuentan con Certificado Único de Discapacidad.
En relación con ese sector, destacaron que entre enero y octubre de 2026 se aprobaron 16.538 trámites de discapacidad, frente a los 9.009 registrados durante el mismo período de 2025, lo que representa un incremento del 83,57 por ciento.
También señalaron que el tiempo promedio de resolución de esos trámites se redujo de 30,55 a 17,89 días.
El bloque agregó que las autorizaciones de resonancias de alto campo pasaron de 6.927 a 14.681 entre enero y octubre, mientras que las de radioterapia aumentaron de 390 a 597, en comparación con igual período del año anterior.
“Estos resultados contradicen el relato de que todo está peor”, afirmaron.
El regreso al debate por el viejo Iosper
La respuesta política también incluyó cuestionamientos a la gestión anterior de la obra social y al período de veinte años de gobiernos justicialistas en Entre Ríos.
Desde Juntos por Entre Ríos rechazaron que los problemas actuales de OSER tengan su origen en la creación del nuevo organismo y recordaron que, cuando se intervino el Iosper, se denunció una deuda acumulada superior a los 42.800 millones de pesos.
Además, mencionaron que el sueldo del entonces presidente de la obra social, actualizado a valores actuales, superaría los 26 millones de pesos mensuales.
“Necesitan que la historia empiece en junio de 2025 para borrar todo lo anterior. Esa es la obra social que defendieron y sobre la que hoy prefieren guardar silencio”, dispararon.
Los diputados sostuvieron que el justicialismo tuvo tiempo y poder para garantizar transparencia, terminar con los privilegios y defender a los afiliados, pero responsabilizaron a sus anteriores gobiernos por el sistema que, según afirmaron, generó esos beneficios y acumuló las deudas denunciadas.
Finalmente, ratificaron el respaldo a la política de control impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio y aseguraron que continuarán pagando las prestaciones que correspondan, pero sin abandonar las auditorías.
“Vamos a pagar lo que corresponde y a controlar cada factura. Ni los cortes de prestaciones ni la presión política van a hacernos abandonar esa responsabilidad”, concluyeron.
Redaccion de 7Paginas
