Los vecinos reclaman que se respete el fallo de La Haya, cuestionan la expansión productiva de UPM y advierten que la defensa del ambiente no puede quedar subordinada a los intereses económicos.
La Asamblea Ciudadana Ambiental llevará una carta al papa León XIV para pedir su intervención ante la persistencia del conflicto por la contaminación del río Uruguay. Los vecinos reclaman que se respete el fallo de La Haya, cuestionan la expansión productiva de UPM y advierten que la defensa del ambiente no puede quedar subordinada a los intereses económicos.
Hay conflictos que el paso del tiempo no consigue cerrar. El de Gualeguaychú y las pasteras sobre el río Uruguay es uno de ellos. Pasaron más de dos décadas, cambiaron los gobiernos de ambos países, hubo negociaciones diplomáticas, movilizaciones multitudinarias y hasta una resolución de la Justicia internacional. Sin embargo, para quienes sostienen la lucha ambiental, el problema continúa abierto y las respuestas siguen estando muy lejos de lo que la comunidad reclama.
Ahora, la Asamblea Ciudadana Ambiental decidió volver a colocar el tema en la agenda internacional con un gesto que tiene una fuerte carga simbólica y política: hacerle llegar una carta al papa León XIV para pedirle que acompañe el reclamo y contribuya a que la controversia llegue nuevamente a los ámbitos donde deben garantizarse los compromisos ambientales.
La entrega estará a cargo del asambleísta Nahuel Gieco, durante una actividad prevista para este lunes 9 de noviembre en la Universidad Católica Argentina, convocada con participación de representantes del mundo del trabajo por invitación del Vaticano.
La decisión no es un simple intento de conseguir una declaración de respaldo. Detrás de la iniciativa existe una preocupación concreta: la sensación de que, pese a los antecedentes judiciales y a los compromisos asumidos entre Argentina y Uruguay, la protección del río sigue sin ocupar el lugar que debería tener.
En el documento, fechado el 6 de noviembre, los integrantes de la Asamblea repasan una historia que comenzó en 2003, cuando tomaron conocimiento de los proyectos para instalar plantas de producción de pasta de celulosa frente a las costas de Gualeguaychú. Desde entonces, la defensa del río se convirtió en una causa colectiva que trascendió generaciones y enfrentamientos políticos.
La magnitud de aquellas movilizaciones todavía forma parte de la memoria de la región. En abril de 2005, unas 40.000 personas se concentraron en el puente internacional General San Martín. Dos años después, el denominado Abrazo al río Uruguay volvió a demostrar que la preocupación ambiental no era una inquietud de unos pocos, sino una demanda social de enorme dimensión.
Uno de los puntos centrales de la carta es el cuestionamiento al cumplimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, dictado en abril de 2010, que resolvió la controversia entre Argentina y Uruguay por la instalación de la planta de Botnia, actualmente operada por UPM en Fray Bentos.
La Asamblea sostiene que aquella resolución no se está cumpliendo plenamente y pone el foco en el crecimiento de la capacidad productiva de la fábrica. Según los datos incluidos en la presentación, la producción pasó de un millón a 1,3 millones de toneladas anuales y existe la intención de llevarla a 1,5 millones.
Ese incremento es precisamente uno de los aspectos que genera mayor preocupación. Los ambientalistas consideran que no puede admitirse una expansión industrial sin garantías suficientes sobre sus consecuencias y sin que la población tenga acceso a la información científica necesaria para evaluar el impacto sobre un recurso compartido.
La discusión vuelve así a una pregunta fundamental: ¿quién controla que los compromisos ambientales se cumplan y qué herramientas tienen las comunidades para exigirlo cuando consideran que están siendo vulnerados?
En ese sentido, la organización reclama que se conozcan las conclusiones del Comité Científico de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), encargado del monitoreo ambiental. También pide que Uruguay no autorice nuevos aumentos de producción ni la instalación de otras industrias contaminantes sobre las márgenes del río.
La carta, además, amplía la mirada sobre un deterioro ambiental que no se limita a las pasteras. Los integrantes de la Asamblea advierten sobre la degradación de los humedales, la deforestación, el uso de agrotóxicos, los monocultivos y el avance de emprendimientos inmobiliarios y mineros.
El planteo es claro: el desarrollo económico no puede convertirse en una autorización para degradar los recursos naturales. Tampoco alcanza con invocar inversiones, empleo o crecimiento productivo si no existen controles efectivos y garantías para las poblaciones que conviven con esas actividades.
La apelación al Papa incorpora otra dimensión a un reclamo que hasta ahora estuvo marcado principalmente por la movilización ciudadana, la discusión política y las instancias judiciales.
La Asamblea encuentra en los mensajes de la Iglesia sobre el cuidado de la creación un punto de coincidencia con su propia lucha y recuerda especialmente los principios ambientales expresados en la encíclica Laudato si’, del papa Francisco, además de los planteos de León XIV.
La iniciativa también deja expuesta una realidad incómoda para las autoridades: cuando una comunidad siente que debe recurrir a la máxima representación religiosa para conseguir que se escuche una preocupación ambiental, es porque los canales institucionales y políticos no han logrado ofrecerle la respuesta que espera.
Gualeguaychú no está reclamando solamente una declaración de solidaridad. Está pidiendo que se respete una resolución internacional, que se transparenten los controles y que las decisiones sobre el río Uruguay no queden exclusivamente en manos de intereses industriales o negociaciones entre gobiernos.
Después de 23 años, la causa sigue vigente porque el conflicto de fondo continúa sin resolverse. Y mientras la producción industrial avanza y las comunidades reclaman certezas, el río permanece en el centro de una disputa que excede las fronteras y compromete una responsabilidad compartida.
La carta al papa León XIV es un nuevo intento de romper ese silencio y devolverle dimensión internacional a una preocupación que Gualeguaychú nunca abandonó. Porque el tiempo puede desgastar las protestas, modificar los escenarios políticos y cambiar las prioridades de los gobiernos, pero no elimina el derecho de una comunidad a defender el agua, su territorio y el ambiente en el que viven las próximas generaciones.
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