José Luis B. dependía del Concejo Deliberante, pero durante cuatro meses prácticamente desapareció de su puesto: acumuló 50 días hábiles de inasistencias injustificadas. Para completar el cuadro, la investigación detectó que también tendría un vínculo laboral con el Gobierno provincial, donde afrontaría actuaciones disciplinarias.
Hay historias que parecen difíciles de creer hasta que aparecen en un expediente administrativo. Y esta es una de ellas.
El Municipio de Concordia terminó disponiendo la cesantía del agente José Luis B., quien dependía laboralmente del Concejo Deliberante, después de comprobar que acumuló nada menos que 50 días hábiles de inasistencias injustificadas entre diciembre de 2025 y abril de 2026.
Dicho de otro modo: mientras tenía un sueldo del Estado municipal, durante buena parte de ese período directamente no se presentó a trabajar.
Pero el caso tiene un condimento todavía más llamativo. Durante la investigación administrativa surgió que el agente también tendría una relación laboral con el Gobierno de Entre Ríos, jurisdicción en la que, según la información incorporada al expediente, también afrontaría actuaciones disciplinarias por situaciones similares.
50 días sin aparecer
La investigación comenzó en abril de 2026, cuando las reiteradas ausencias encendieron las alarmas dentro de la estructura municipal.
A partir de actas de constatación de la División Unidad de Control, informes de Recursos Humanos, registros de marcación y documentación de Liquidación de Haberes, se acreditaron 50 días de ausencias injustificadas entre el 11 de diciembre de 2025 y el 10 de abril de 2026.
No se trató de un par de faltas ni de un episodio aislado. Fueron cincuenta jornadas laborales en las que no hubo una justificación válida que explicara la ausencia del agente.
Y cuando llegó el momento de dar explicaciones, tampoco apareció.
Lo buscaron para que se defendiera y no fue
El procedimiento administrativo continuó con las notificaciones e intimaciones correspondientes en el domicilio del empleado, otorgándole los plazos legales para ejercer su derecho de defensa.
Pero José Luis B. no se presentó a las audiencias.
Por ese motivo, terminó siendo declarado en rebeldía dentro del procedimiento administrativo.
Según pudo conocer 7Páginas, el agente que ingresó al municipio de Concordia en la gestión del Justicialismo, estaría actualmente residiendo en una localidad de la provincia de Córdoba.
Como si el expediente no tuviera suficientes elementos, también aparecen antecedentes disciplinarios en su legajo, entre ellos suspensiones sin goce de haberes durante 2025.
El dato que encendió otra luz roja
La investigación municipal además permitió conocer que el agente tendría otro vínculo laboral con el Gobierno de Entre Ríos.
Y no sería un dato menor: en el ámbito provincial también se encontraría en trámite un expediente disciplinario por motivos similares.
La situación abre una pregunta inevitable: ¿cómo hacía para cumplir con sus obligaciones laborales si debía prestar servicios en dos estructuras estatales diferentes?
Esa cuestión deberá ser determinada por los organismos correspondientes. Lo que sí quedó acreditado en el expediente municipal es que, respecto de su puesto en Concordia, las ausencias fueron suficientes para terminar con su relación laboral.
Fin de la fiesta
La cesantía se inscribe en la política de control y ordenamiento del personal que lleva adelante la actual gestión municipal.
El mensaje político de fondo es claro: los tiempos en los que un empleado público podía cobrar su salario sin cumplir con su trabajo buscan quedar atrás.
Porque una cosa es una licencia, una enfermedad o una ausencia debidamente justificada. Otra muy distinta es acumular 50 días hábiles sin presentarse a trabajar, no concurrir luego a las audiencias para explicar la situación y, encima, quedar bajo la lupa por un eventual segundo vínculo laboral con otro organismo estatal.
En definitiva, el caso deja una postal difícil de ignorar: un empleado municipal que faltó 50 días, no se presentó a dar explicaciones y terminó cesanteado, mientras la investigación también puso bajo la lupa su presunto vínculo con el Estado provincial.
Para los contribuyentes, la cuenta es bastante más sencilla: si el sueldo sale del bolsillo de todos, trabajar no debería ser opcional.