El diputado nacional por Entre Ríos Francisco Morchio reclamó una respuesta más firme del Estado frente al avance del abigeato y planteó la necesidad de endurecer las penas para quienes participan de los robos de ganado y, especialmente, para las organizaciones que actúan detrás de estos delitos.
Morchio, quien además se presentó como productor rural, sostuvo que el robo de animales representa mucho más que una pérdida económica para las familias que viven y trabajan en el campo.
“Detrás de cada animal hay inversión, esfuerzo familiar y años de trabajo”, señaló, al remarcar que la inseguridad rural tiene características particulares que muchas veces no son dimensionadas desde las ciudades.
En ese sentido, advirtió que las grandes distancias, la falta de recursos y la escasez de personal y móviles policiales dificultan la prevención y la respuesta ante los delitos rurales.
“El abigeato dejó de ser un simple robo de animales”
El legislador entrerriano consideró que el abigeato dejó de ser un delito aislado y que detrás de algunos hechos existen organizaciones con capacidad logística, vehículos, herramientas especializadas y circuitos clandestinos de faena y comercialización.
“El problema no termina con la sustracción del ganado: también compromete la producción, genera riesgos sanitarios y afecta a toda la cadena agropecuaria”, sostuvo.
Morchio cuestionó además lo que definió como una mirada de “garantismo ideológico”, que, según afirmó, en determinados casos termina poniendo el foco en las consecuencias para quien delinque y no en las víctimas.
El diputado aclaró que las garantías constitucionales son fundamentales en un Estado de Derecho, pero consideró que no pueden utilizarse para relativizar los delitos ni dejar desprotegidas a las familias rurales.
También rechazó que se invoque el supuesto consumo de subsistencia para minimizar determinados casos de abigeato. “En el campo, incluso la pérdida de uno o dos animales puede representar un daño económico importante”, afirmó.
Los números que presentó el diputado
Para dimensionar el problema, Morchio mencionó datos de Santa Fe, donde se registraron 998 legajos por abigeato durante 2023 y 2.422 ingresos por abigeato y/o delito rural durante 2024.
En el caso de Entre Ríos, señaló que los fundamentos del proyecto que presentó en el Congreso dan cuenta de entre 70 y 80 animales faenados en pocos meses en zonas del departamento La Paz y alrededores de Bovril.
“Son situaciones que reflejan el impacto que estos delitos tienen sobre los productores y las economías rurales”, sostuvo.
Un proyecto para endurecer las penas
Frente a este escenario, Morchio presentó el proyecto de ley 6090-D-2026, mediante el cual propone modificar el Código Penal para endurecer las penas por abigeato y contemplar las modalidades actuales del delito.
La iniciativa establece penas más severas cuando en los hechos intervienen varias personas, se utilizan vehículos motorizados, se destruyen alambrados o tranqueras o se emplean estructuras logísticas para concretar los robos.
El proyecto también contempla penas de hasta 15 años de prisión para bandas organizadas que se dediquen habitualmente al robo de ganado y a la comercialización de sus productos.
Además, propone sanciones para quienes adquieran, faenen o comercialicen ganado y productos cárnicos provenientes de circuitos delictivos sin los controles sanitarios correspondientes.
Entre las medidas planteadas también figuran multas que podrían alcanzar hasta 15 veces el valor del ganado sustraído, con el objetivo de afectar económicamente a quienes participan de estas redes.
Para Morchio, combatir el abigeato implica no solamente perseguir a quienes concretan el robo, sino también desarticular la cadena que permite que el delito resulte rentable.
“El campo no puede quedar a la buena de Dios”
El diputado reconoció que no es posible disponer de un patrullero en cada camino rural ni de un policía en cada establecimiento, pero sostuvo que el Estado debe fortalecer tanto la prevención como la investigación y adecuar la legislación a la realidad de los delitos rurales.
“La respuesta del Estado debe alcanzar tanto a quien ejecuta el robo como a las organizaciones que lo planifican y se benefician de él”, afirmó.
Finalmente, Morchio puso el foco en las familias que viven y producen en las zonas rurales.
“El campo no puede quedar a la buena de Dios. Detrás de cada establecimiento hay familias, trabajadores y productores que todos los días generan alimentos, empleo y desarrollo”, expresó.
Y concluyó que proteger a quienes trabajan en el campo también significa defender la producción y reconocer que la seguridad rural debe ser una prioridad del Estado.
Redaccion de 7Paginas