El pasado sábado, a las 6:10 de la mañana, el hijo del empresario Claudio Barrios, vinculado a la distribuidora de bebidas Manaos, denunció un inquietante episodio en las inmediaciones de un boliche bailable en Concordia. Según el relato de Barrios, tres agentes policiales que previamente se encontraban dentro del establecimiento fueron vistos fuera de un vehículo Chevrolet blanco, aparentemente tomándole fotografías con el flash de una cámara activado. Ante esta situación, Barrios se acercó al auto y confrontó a los oficiales, recibiendo una respuesta desafiante y amenazante por parte de uno de ellos.
“Vas a caer vos y toda tu familia. Tomatela, o te llevo preso”, fue la amenaza que según Barrios le profirió uno de los agentes. Este incidente lo llevó a presentar un habeas corpus, cuestionando si existía alguna causa judicial en su contra que pudiera justificar el seguimiento o la supuesta toma de fotografías.
El caso fue abordado rápidamente por el juez Mauricio Guerrero, quien solicitó a la Policía que, en un plazo de dos horas, identificara a los agentes involucrados y explicara si existía alguna orden de seguimiento o actividad de inteligencia en contra de Barrios. Según la respuesta proporcionada por el Jefe de Investigaciones, no había ninguna causa abierta ni orden judicial que justificara tal accionar, y se negó que se hubieran tomado fotografías.
Sin embargo, el abogado Pablo Daniel Moyano Ilundain, representante de Barrios, insistió en profundizar la investigación. Solicitaron copias certificadas de todo lo actuado en el marco del habeas corpus y destacaron la posibilidad de que se tratara de una actividad de inteligencia ilegal. “Este caso podría implicar una actividad ilegal de inteligencia por parte de la Policía”, afirmó Moyano Ilundain a medios locales. Además, el juez Guerrero ordenó remitir el caso al Ministerio Público Fiscal para una investigación exhaustiva.
Durante la audiencia, Barrios identificó a los tres policías involucrados en el incidente y proporcionó los nombres de tres testigos que podrían corroborar su relato. Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal se encuentra analizando los hechos para determinar si alguno de los agentes violó la ley al realizar presuntas tareas de inteligencia sin autorización judicial.
