Según se dio a conocer, el caso está en manos de la fiscal Gisela Múñiz, quien dispuso medidas coercitivas para el imputado con el fin de resguardar a las presuntas víctimas. Una de las denunciantes dejó el cuartel tras padecer presuntos abusos sexuales desde 2018, mientras que la restante mujer continúa en actividad.
Si bien R.E.A. se encuentra en libertad, el juez fijó la prohibición de acercamiento a un radio de 500 metros de la vivienda de las víctimas y sus familiares, también de realizar actos molestos contra las denunciantes por tres meses. El 3 de mayo se realizará la próxima audiencia. Durante los 90 días que dure la medida ordenada por el juez, la fiscalía debe avanzar en la reunión de pruebas que permitan imputar o no al acusado que por el momento no realizó su descargo.
El hombre esta acusado del delito contra la integridad sexual y abuso sexual con acceso carnal agravado por la relación de dependencia jerárquica.
Las denunciantes son dos mujeres, una de 45 años y otra de 35. Las denuncias se radicaron el jueves 1° en la Jefatura Departamental de Feliciano. Las mujeres realizaron un pormenorizado relato sobre lo que supuestamente padecieron.
Tras la presentación judicial, la fiscalía le informó a la Comisión de Bomberos Voluntarios de Feliciano sobre la denuncia. La Comisión tomó la determinación de apartar preventivamente al hombre.
En su declaración, la mujer de 45 años relató que el intento de abuso se produjo el martes 10 de diciembre de 2024, cuando se realizaba la fiesta de despedida de año. A las 4 y en un lugar donde no había cámaras de seguridad, el acusado habría intentado, de manera no consentida, mantener relaciones íntimas con la denunciante.
La mujer se negó y salió rápidamente del lugar, sin ebargo, al llegar a su casa, comenzó a recibir mensajes del abusador disculpándose, pidiéndole que no cuente lo sucedido y argumentando “que todo era producto del alcohol ingerido en la cena”.
Al día siguiente, la mujer solicitó una reunión con la Comisión de Bomberos Voluntarios de Feliciano, relató lo sucedido, mostró el mensaje en su celular, que luego terminó como una prueba de la denuncia judicial. Producto de ese encuentro, la comisión decidió licenciarlo.
La otra mujer señaló que comenzó a sufrir abusos en 2018 y que se extendieron por varios años. La joven precisó que vivió amenazada por el acusado. Las dos víctimas entregaron sus teléfonos celulares para que sean peritados por la fiscalía.
Hay una versión que indicaría que podría haber más víctimas, pero por vergüenza o temor no realizan la denuncia.
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