«Fiel a su estilo, atropellando las instituciones republicanas, Milei ha designado dos jueces en la Corte Suprema por decreto, arrogándose facultades que están vetadas por la Constitución», afirmaron los letrados. En particular, citaron el Artículo 29 de la Carta Magna, que prohíbe la concentración de poderes y sanciona con nulidad insanable los actos que otorguen supremacía a una sola persona o entidad, con penas para quienes los formulen o consientan.
Además, destacaron que el Artículo 214 del Código Penal, dentro del capítulo de «traición a la patria», establece penas de hasta reclusión perpetua para funcionarios que atenten contra el orden constitucional.
Vulneración de la Separación de Poderes
La designación de jueces de la Corte Suprema sin el debido acuerdo del Senado representa una clara transgresión al principio de división de poderes, que es fundamental en una democracia republicana. La Constitución establece un proceso de aprobación para garantizar la independencia del Poder Judicial, un mecanismo que ha sido ignorado por el Ejecutivo.
Falta de Legitimidad y Consenso
La oposición y diversos sectores políticos han manifestado su rechazo a la medida, calificándola de antidemocrática. La imposición por decreto sin debate ni consenso genera desconfianza en la institucionalidad y en la capacidad del gobierno para respetar los procesos republicanos.
Controversias sobre los Designados
Ariel Lijo, uno de los jueces nominados, ha sido cuestionado por su gestión de casos de corrupción y su baja resolución de causas, lo que pone en duda su idoneidad. Por otro lado, García Mansilla, el otro postulado, ha generado críticas por su falta de trayectoria visible en la Justicia y su decisión de aceptar la designación sin objeciones ante el Congreso. Esta falta de imparcialidad y transparencia refuerza las preocupaciones sobre el debilitamiento de la independencia judicial.
Impacto en la Institucionalidad y la Sociedad
La designación de jueces en circunstancias cuestionadas podría derivar en una crisis institucional y erosionar la confianza ciudadana en el sistema judicial. La medida ha sido percibida como un intento de garantizar impunidad política y económica, lo que podría comprometer la estabilidad del país.
En redes sociales y medios de comunicación, la reacción pública ha sido de rechazo contundente, con calificativos como «horror» y «estafa electoral» para describir la situación.
Ante esta grave situación, el Grupo San José Principios y Valores insta a la ciudadanía y a las fuerzas políticas a manifestarse públicamente contra estas designaciones, utilizando las redes sociales y otros medios de expresión para exigir la anulación de los nombramientos y la defensa de la democracia y la Constitución.
Redaccion de 7Paginas
