Un Poder Legislativo unicameral con dos representantes por cada distrito; una dieta legislativa que no supere el equivalente a diez sueldos de un docente o la mínima de un jubilado, con un monto similar para gastos. Además, un límite de tres asesores rentados, con la posibilidad de recurrir a catedráticos universitarios, científicos del Conicet o del INTA, entre otros.
Con estas modificaciones, accederían a una banca en el Congreso quienes tengan verdadera vocación de servicio ciudadano, en lugar de aquellos que ven en la política una oportunidad para el beneficio personal. Se garantizarían así dos principios fundamentales de la Constitución Nacional: el federalismo y la igualdad.
En cuanto a la Corte Suprema de Justicia, una conformación de siete miembros permanentes permitiría mayor estabilidad. Ante renuncias, licencias o retiros, las vacantes podrían ser ocupadas temporalmente por vocales de las Cámaras Federales hasta su reemplazo definitivo mediante el mecanismo constitucional de designación, es decir, la propuesta del Poder Ejecutivo y la aprobación del Senado.
Naturalmente, estos cambios requieren una reforma constitucional. Para ello, una Convención Constituyente podría asumir la tarea ad honorem, con el único propósito de transformar las bases del sistema en favor de la ciudadanía.
Parece utópico, pero ante la mediocridad que se ha instalado en la dirigencia política, esta propuesta no suena descabellada.
Ladislao F. Uzín Olleros – Abogado
Redaccion de 7Paginas
