La preocupación se extiende especialmente a los empleados oriundos de ciudades como Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Concordia, en la provincia de Entre Ríos, así como a otros trabajadores provenientes de Corrientes y Buenos Aires. En este contexto, el gobierno nacional anticipó que se dejarán de cobrar los peajes, aunque aún no se ha precisado qué sucederá con los empleados que actualmente prestan servicio en la empresa concesionaria.
Desde el SUTPA, liderado por Florencia Cañabate, advirtieron que la falta de definiciones no solo pone en riesgo la estabilidad laboral de cientos de familias, sino que también afecta la seguridad de los usuarios que transitan por estas rutas. La intervención de Vialidad Nacional en la administración de las rutas 12, 14 y 174 implicaría la suspensión indefinida del cobro de peajes, lo que podría acelerar el deterioro de la infraestructura vial.
Ante esta situación, el gremio exigió respuestas urgentes al gobierno nacional y a las autoridades competentes, en busca de proteger tanto a los trabajadores como a la infraestructura de las rutas, esenciales para el comercio regional. Además, manifestaron su disposición a expresar su postura públicamente en los medios de comunicación.
Preguntas sin respuesta
El SUTPA enfatizó que su lucha no solo busca defender los derechos laborales, sino también denunciar las falencias del sistema vial argentino que afectan directamente a millones de usuarios. El gremio señaló el atraso tarifario del 300% desde 2018 y cuestionó los aumentos prometidos que no se han concretado en el presente año. “¿Qué solución se ofrecerá a los usuarios que padecen el deterioro de las rutas? ¿Quiénes invertirán en obras de infraestructura sin una tarifa asegurada?”, expresaron desde el sindicato.
Postura empresarial
Por su parte, Caminos del Río Uruguay S.A. emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por la falta de respuesta por parte de la Dirección Nacional de Vialidad respecto al futuro de los empleados. A pesar de los reiterados pedidos realizados por la empresa, las autoridades gubernamentales no han dado respuestas concretas. CRUSA aseguró que continuará buscando alternativas que permitan mitigar el impacto laboral y social que esta situación provoca en las familias afectadas.
El gremio y la empresa coinciden en señalar la falta de compromiso por parte de las autoridades para dar una solución concreta a este conflicto, mientras la incertidumbre laboral sigue creciendo a pocas semanas del vencimiento de la concesión.
Con datos de Data Gremial
Redaccion de 7Paginas
