Incertidumbre y falta de respuestas gubernamentales
En su proyecto de resolución, al que tuvo acceso 7Paginas, Noran expresó su preocupación por la falta de respuesta por parte de la Dirección Nacional de Vialidad respecto a la continuidad laboral de los trabajadores afectados. Según la empresa CRUSA, las autoridades gubernamentales se han negado a brindar información clara, lo que mantiene en vilo a cientos de familias que dependen de estos empleos.
En un comunicado oficial, la empresa manifestó:
“Luego de reuniones con la Dirección Nacional de Vialidad, la autoridad gubernamental rechazó dar una respuesta respecto de la situación de los más de 500 empleados que hoy desempeñan distintas tareas a lo largo de los trazados bajo concesión de Caminos del Río Uruguay S.A. Pese a la dificultad que conlleva comprender una actitud tan negligente de las autoridades responsables, el actual concesionario seguirá buscando alternativas para los trabajadores y sus familias”.
Apoyo sindical y advertencias de riesgo
La situación también fue abordada por el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), que alertó sobre la incertidumbre que enfrentan las familias de los empleados de CRUSA. Desde el gremio remarcaron que la falta de claridad política y de un plan concreto genera preocupación no solo entre los trabajadores, sino también entre los usuarios de las rutas concesionadas.
El sindicato advirtió que, de no garantizarse una continuidad ordenada del servicio, las rutas podrían quedar sin tareas esenciales como mantenimiento, iluminación, servicio de grúas y asistencia vial, lo que afectaría la seguridad de quienes transitan diariamente.
Además, SUTPA denunció públicamente que el deterioro de la red vial argentina se debe a la falta de inversión y políticas eficientes, situación que influye directamente en el aumento de accidentes y muertes en las rutas.
Alternativas y medidas propuestas
Noran también impulsa un proyecto de ley que declara la emergencia vial nacional, entendiendo que la ausencia de políticas claras en esta materia está generando un deterioro constante de las rutas y exponiendo a los usuarios a mayores riesgos.
En su presentación ante la Cámara de Diputados, la legisladora planteó que el Gobierno Nacional debe optar entre prorrogar la concesión actual hasta que se defina un nuevo rumbo o realizar una transición ordenada a una nueva empresa concesionaria.
Finalmente, la diputada agradeció el apoyo de sus pares para la aprobación de este proyecto, destacando la importancia de brindar una solución rápida y efectiva a una problemática que afecta a cientos de trabajadores y a la seguridad vial en general.