El proyecto más ambicioso de Uruguay
El acuerdo entre el gobierno de Luis Lacalle Pou y la multinacional HIF Global contempla la mayor inversión extranjera en la historia del país vecino. La planta se ubicará 5 kilómetros al norte de Paysandú, ocupando 442 hectáreas originalmente destinadas a uso rural, que fueron recategorizadas para permitir el uso industrial. Además, se proyecta la construcción de un puerto de exportación en la Isla San Francisco y el dragado del río Uruguay aguas abajo.
La inversión incluye la creación de 3 mil empleos directos durante la obra, cuya puesta en marcha está prevista para 2026. La planta produciría 560 mil toneladas anuales de metanol, de las cuales derivarían 210 mil toneladas de E-Gasolina, 27 mil toneladas de gas licuado y 3,8 toneladas de aceite pesado.
La postura entrerriana y la resistencia social
Desde la Mancomunidad Tierra de Palmares, integrada por varias ciudades entrerrianas, se han alzado voces en rechazo al proyecto, solicitando que se relocalice para evitar daños al turismo y al ecosistema. La principal preocupación radica en el impacto ambiental, ya que la actividad industrial podría afectar la calidad de vida de las localidades ribereñas y perjudicar la imagen turística de la región.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, expresó su apoyo a los reclamos y activó el mecanismo de consulta previsto en el Estatuto del Río Uruguay, un tratado binacional que regula el uso del curso de agua compartido. Frigerio sostuvo que es fundamental garantizar el acceso a la información ambiental y promover el desarrollo económico de manera armoniosa y consensuada.
Por su parte, la delegada argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Ingrid Jetter, confirmó que se solicitó formalmente información al gobierno uruguayo y que, ante la falta de respuestas, se reforzará el pedido. Además, la Cámara de Diputados de Entre Ríos se sumó al reclamo, encabezado por el presidente del cuerpo, Gustavo Hein, quien participó de una reunión en Colón para acompañar la demanda de relocalización.
Preocupación empresarial y ambiental
El sector turístico también ha manifestado su rechazo. El empresario Mario Delasoie, en representación de la Asociación Hotelera Gastronómica de Colón, señaló: «En lugar de la hermosa vista que hoy tenemos desde la costanera, podríamos ver una fábrica que desvirtúe el paisaje». Asimismo, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (Aadeaa) advirtió sobre la falta de acceso pleno a la información por parte de las comunidades afectadas, lo que obstaculiza la toma de decisiones informada y participativa.
Desde el lado uruguayo, también surgen cuestionamientos. Leonardo Belassi, representante de la organización Paysandú por un Uruguay Soberano, expresó su preocupación al considerar que el proyecto no es realmente de hidrógeno verde, sino una refinería de combustibles sintéticos con una mínima proporción de hidrógeno en su producción.
El fantasma de Botnia
El conflicto recuerda inevitablemente la controversia generada hace años por la instalación de la pastera Botnia-UPM en Fray Bentos, frente a Gualeguaychú. En aquel entonces, la falta de consenso y los enfrentamientos entre ambos países derivaron en protestas masivas y cortes de ruta. Aunque el contexto actual es diferente, la inquietud social vuelve a aflorar, y la historia parece repetirse en torno al impacto ambiental y la defensa de los recursos naturales compartidos.
Con la obra proyectada para comenzar en 2026, las comunidades ribereñas y el gobierno entrerriano seguirán de cerca cada paso, buscando proteger el ecosistema y el turismo de una región que valora su calidad de vida y el atractivo natural.
Con datos de Infobae
Redacción de 7Paginas
