Al cumplirse casi un año de un caso que tuvo una enorme repercusión pública y mediática en el ámbito local, el debate social en torno a la situación de los denominados «22 perros» continúa vigente en la comunidad. En este contexto, vecinos y personas del entorno de la proteccionista Alejandra Benítez se contactaron con 7Paginas para recordar y poner en valor el trabajo territorial previo que realizaba la mujer en materia de cuidado y asistencia canina antes de que se desencadenaran los hechos judiciales conocidos.
Distintos testimonios de ciudadanos que afirman haberla conocido y asistido en ese marco describen una actividad sostenida y ad honorem vinculada al rescate, el tránsito temporal y la atención de animales abandonados, desnutridos o heridos en diferentes puntos de la ciudad de Concordia.
Según los relatos recabados, era habitual ver a Benítez interviniendo en situaciones de extrema urgencia, muchas veces en horarios nocturnos o de madrugada, para socorrer a animales callejeros que requerían atención médica inmediata tras sufrir accidentes o maltrato. Asimismo, los vecinos destacaron su constante presencia en barriadas populares, donde colaboraba de forma activa con familias de escasos recursos que no podían afrontar los costos de una consulta veterinaria particular.
“Se la veía ayudando perros en distintos barrios, incluso de noche, cuando había emergencias”, expresó a 7Paginas, de manera testimonial Milagros Franco, vecina de la zona de Avenida Tavella y Padre Capuchinos, en el barrio Tavella Sur.
En consonancia con esto, los residentes memoraron que en reiteradas oportunidades la proteccionista lograba facilitar el acceso a tratamientos complejos y cirugías mediante acuerdos informales de pago posterior con profesionales veterinarios, priorizando salvar la vida del animal antes de resolver la cuestión económica.
Para sostener esta red de contención, la actividad se apoyaba en un espacio de tránsito e internación temporal identificado por los vecinos como la “Guardería Canina Coli”, lugar que era utilizado para albergar a los canes mientras se recuperaban de sus patologías, recibían medicación o se les gestionaba una adopción responsable en la zona.
El expediente judicial que involucró a los 22 perros sigue siendo un tema sensible y divisivo entre los distintos sectores que componen el movimiento de protección animal y la ciudadanía concordiense. A un año de los procedimientos, coexisten miradas diversas e interpretaciones contrapuestas sobre las condiciones del espacio y el destino final que debieron afrontar los ejemplares resguardados.
Quienes decidieron aportar sus testimonios y dar la cara en esta instancia aclararon de forma enfática que no buscan interferir en el normal desarrollo del proceso judicial que sigue su curso en los tribunales locales, sino dejar constancia pública de un contexto previo que consideran fundamental.
Para este sector de la comunidad, la reconstrucción general de la situación y la evaluación de lo ocurrido no pueden escindirse de lo que definen como una trayectoria de compromiso y esfuerzo sostenido en el tiempo por el bienestar animal en la ciudad.
