La investigación judicial conocida como la causa de los seguros continúa avanzando y mantiene imputado al exintendente de Concordia, Enrique Cresto, luego de que la Justicia rechazara el planteo de nulidad y el pedido de sobreseimiento presentado por su defensa.
El expediente investiga presuntas negociaciones incompatibles con la función pública y fraude contra la administración pública, a partir del mecanismo utilizado durante la gestión municipal para la contratación de seguros a través del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER).
Un productor «ad honorem» que cobraba comisiones
Uno de los principales ejes de la investigación se remonta a fines de 2019, cuando mediante la Resolución Nº 11.592/19 la Municipalidad designó a Ignacio Caprarulo como productor asesor de seguros del municipio.
Según la resolución, el nombramiento tenía carácter «ad honorem», contemplando tareas de asesoramiento y capacitación sin remuneración municipal. Sin embargo, la investigación sostiene que esa designación permitió que el productor actuara como intermediario entre la Municipalidad y el IAPSER, percibiendo importantes comisiones abonadas por la aseguradora provincial.
De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, Caprarulo habría percibido alrededor de 20,7 millones de pesos durante 2023, además de un remanente correspondiente a enero de 2024.
El cambio de intermediario
La investigación también señala que, en octubre de 2023, cuando finalizaba la gestión de Cresto, Caprarulo fue reemplazado por CETW Brokers S.A.
Según consta en el expediente, la nueva intermediaria habría cobrado aproximadamente 8,9 millones de pesos entre noviembre de 2023 y enero de 2024, únicamente por la administración de las pólizas vinculadas a riesgos del trabajo.
Para la Fiscalía, el cambio de intermediario no modificó el mecanismo de funcionamiento, sino únicamente el beneficiario de las comisiones.
El punto central de la investigación
Uno de los interrogantes que intenta responder la causa es cuál era la necesidad de incorporar un productor privado en una relación contractual donde la Municipalidad ya contrataba directamente con el IAPSER, la aseguradora estatal de la provincia.
La Fiscalía sostiene que el productor no intervenía para conseguir mejores condiciones ni generar competencia entre compañías aseguradoras, por lo que busca determinar qué servicio justificaba el pago de importantes comisiones provenientes del sistema asegurador.
También son objeto de análisis los procedimientos administrativos utilizados para las designaciones, la existencia de dictámenes técnicos y los controles realizados antes de autorizar dichas intervenciones.
Los imputados
Además de Enrique Cresto, la investigación alcanza al exsecretario de Gobierno Aldo Álvarez, a Fernando Barboza, a los expresidentes del IAPSER Juan Domingo Orabona y Tomás Proske, a Ignacio Caprarulo y a otros involucrados.
En el caso del exintendente, la Fiscalía lo considera partícipe necesario, al entender que su intervención permitió incorporar a productores privados en la relación entre la Municipalidad y la aseguradora estatal.
La causa sigue adelante
Durante 2024, la defensa de Cresto logró el apartamiento del entonces fiscal José Arias, aunque la investigación continuó bajo la conducción de los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning, quienes formalizaron las imputaciones en diciembre de 2025.
Posteriormente, la defensa solicitó la nulidad de la imputación y el sobreseimiento del exintendente, argumentando que la Municipalidad no abonó esas comisiones y que las decisiones administrativas se ajustaban a la normativa vigente.
Sin embargo, el 19 de junio de 2026, el juez de Garantías Mauricio Guerrero rechazó ambos planteos al considerar que la imputación contiene una descripción clara de los hechos, las fechas, las conductas investigadas y su calificación legal, permitiendo que la investigación continúe su curso.
De esta manera, Enrique Cresto continúa imputado mientras la Justicia intenta establecer si la incorporación de intermediarios privados en la contratación de seguros con el IAPSER provocó un perjuicio para el Estado y si existieron responsabilidades penales en el mecanismo implementado durante su gestión al frente de la Municipalidad de Concordia.
Con información de La Caldera
Redaccion de 7Paginas
