A pesar de que la recaudación nacional creció un 58% en términos nominales, impulsada por aportes a la seguridad social, combustibles y retenciones, la parte que se coparticipa a las provincias subió apenas un 57,6%, ubicándose por debajo de la inflación acumulada, lo que equivale a una pérdida concreta de poder adquisitivo y capacidad operativa.
Municipios entrerrianos, en zona crítica
El impacto no se limita al nivel provincial: los municipios también sufren los efectos del recorte. Durante el primer trimestre del año, las transferencias a los gobiernos locales cayeron un 6,9% en enero y febrero, y un 9,7% en marzo, en términos reales.
Esta merma tiene consecuencias inmediatas: menos recursos para servicios esenciales, pagos atrasados y paralización de obras públicas. Según el presupuesto provincial, las ciudades más afectadas son:
Paraná: pérdida de $11.700 millones (24,5% menos).
Concordia: caída de $8.050 millones (27,7% menos).
Gualeguaychú: baja de $10.300 millones (35% menos).
Villaguay: sufrirá un recorte del 41% respecto a 2024.
Desde el Foro de Intendentes Justicialistas expresaron su preocupación y advirtieron que muchos municipios “ya no pueden garantizar el funcionamiento de los servicios básicos con los ingresos actuales”, especialmente en las comunas más pequeñas, donde la recaudación propia es casi nula.
¿Problema técnico o decisión política?
Aunque los datos respaldan el descenso, expertos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) y de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) aseguran que la cuestión va más allá de los números. Explican que los impuestos que más crecieron —como las retenciones, combustibles y aportes— no integran el régimen de coparticipación, lo que limita los fondos distribuidos a las provincias.
Solo tributos como el IVA, Ganancias y el Impuesto al Cheque son coparticipables, y su desempeño no ha logrado acompañar la inflación. Esto explica por qué los ingresos que llegan a Entre Ríos, y al resto del país, resultan insuficientes para cubrir necesidades básicas.
Además, se cuestiona la pasividad del gobierno provincial de Rogelio Frigerio, al no impulsar con firmeza una redistribución más equitativa de los fondos nacionales. En lugar de reclamar una reforma tributaria federal o generar acuerdos en el Consejo Federal de Inversiones, la provincia ha optado por aceptar Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que si bien aumentaron un 204% real este año, son percibidos como una herramienta discrecional que no soluciona el problema de fondo.
Un sistema de coparticipación en crisis
A nivel nacional, las transferencias automáticas a las provincias sufrieron en mayo una caída interanual real del 26%, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Frente a ello, los ATN —cuya distribución depende en gran medida de la afinidad política con el Gobierno central— se transformaron en una herramienta de compensación arbitraria.
En este contexto, los especialistas coinciden en que el actual esquema de coparticipación federal, vigente desde 1988, requiere una revisión urgente. La necesidad de un sistema más transparente, estable y justo se hace cada vez más evidente para garantizar la autonomía fiscal de las provincias y el equilibrio en el desarrollo regional.
