Ante este escenario, Olivera solicitó al Poder Ejecutivo provincial y a las autoridades policiales que profundicen las medidas de prevención en materia de salud mental, al considerar que la problemática requiere una intervención urgente.
“El último caso es desgarrador. Se trató de un policía que padecía estrés postraumático y atravesaba una crisis de salud mental. Había sido dado de alta por una junta médica y terminó quitándose la vida con su arma reglamentaria”, expresó a 7Paginas.
Según sostuvo el especialista, la falta de cumplimiento efectivo de la legislación vigente en materia de salud mental sería uno de los factores que agravan la situación, por lo que pidió que se adopten medidas concretas para proteger a los integrantes de las fuerzas de seguridad.
Propuesta de un protocolo urgente
En ese contexto, Olivera planteó la necesidad de implementar un protocolo urgente para funcionarios policiales que atraviesen situaciones de estrés postraumático o crisis de salud mental.
Entre los principales puntos propuestos se destacan:
Evaluación médica especializada inmediata para agentes con síntomas de estrés postraumático o crisis de salud mental, en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557.
Licencia médica obligatoria hasta que el funcionario sea declarado apto para regresar al servicio, con cobertura de la ART.
Tratamiento psicológico y psiquiátrico regular, contemplando estas afecciones como posibles enfermedades profesionales.
Apoyo y acompañamiento a la familia del agente afectado.
Reevaluaciones periódicas para determinar si el funcionario está en condiciones de retomar sus tareas.
Capacitación en salud mental para todo el personal policial y penitenciario, con el objetivo de detectar síntomas de manera temprana.
Implementación de una línea de ayuda telefónica y en línea para brindar contención y orientación.
Olivera remarcó que la prevención del suicidio debe ser una política prioritaria dentro de las fuerzas de seguridad, al tratarse de una problemática que impacta directamente en la vida de los agentes y sus familias.
“Prevenir es salvar vidas. La salud mental también es un derecho humano”, concluyó.
