El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, dispuso la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia (Iosper) debido a una serie de irregularidades y a un déficit mensual que ronda los 2.000 millones de pesos. La medida, que tiene un plazo de seis meses, incluirá una auditoría integral del organismo, con el objetivo de normalizar su funcionamiento y garantizar la continuidad de los servicios a los afiliados.
La intervención fue oficializada mediante el decreto N° 3675, publicado el martes pasado, en el que se detallan las causas que llevaron a la medida. Según el texto, el Iosper atraviesa una grave crisis financiera, con un creciente retraso en las prestaciones y un aumento significativo de los gastos judiciales derivados de incumplimientos. La deuda acumulada por el organismo supera los 19.000 millones de pesos, y se estima que el déficit mensual podría llegar a los 2.000 millones de pesos.
Uno de los factores más críticos mencionados en el decreto es la falta de transparencia en la gestión del Iosper. Las autoridades del organismo habrían obstaculizado el control ejercido por la Comisión Fiscalizadora, enviando fuera de término los informes financieros y evitando el acceso a información clave. Además, no se han reportado adecuadamente las contrataciones realizadas, como compras directas o personal contratado.
La situación también ha generado una creciente carga de gastos judiciales, que en septiembre alcanzó los 867 millones de pesos, sin contar las causas pendientes de resolución. Además, el informe financiero más reciente revela que el Iosper enfrenta un déficit que podría superar los 2.000 millones de pesos mensuales, cubiertos actualmente con fondos de la tesorería, es decir, con los impuestos de todos los entrerrianos.
El interventor designado por Frigerio es el abogado Mariano Gallegos, quien contará con el apoyo de la subinterventora Dra. Marina Alegre. Juntos se encargarán de implementar medidas para reorganizar y optimizar los recursos del Iosper, asegurando la transparencia y la eficiencia en la gestión.
Frigerio destacó que la intervención busca proteger los derechos de los afiliados y garantizar que las prestaciones de salud sigan funcionando sin interrupciones. En sus declaraciones, subrayó que los entrerrianos pueden estar tranquilos, ya que la medida tiene como fin la mejora del sistema de salud provincial. «La salud de los entrerrianos es una prioridad», afirmó el gobernador.
Además, la intervención incluirá dos auditorías: una inicial para establecer la situación actual y otra que acompañará el proceso de reorganización. Esta doble auditoría tendrá como objetivo garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos, mientras se trabajan en soluciones para resolver los problemas estructurales que aquejan al Iosper.
Esta decisión, según Frigerio, es clave para abordar los problemas de gobernanza del organismo y asegurar que la obra social vuelva a ser sostenible y eficiente en el futuro.
