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“Azcué suspendió a cuatro empleados municipales por usar un vehículo oficial para compras en Paraguay”

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, firmó un decreto mediante el cual dispuso el inicio de un sumario administrativo y la suspensión sin goce de haberes por 45 días de cuatro empleados municipales que fueron condenados por el delito de peculado de servicios.
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Redacción 7Paginas

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Segun lo informado a 7Paginas, la medida se da en el marco de la causa “Wetzel Julio Domingo y otros s/ Peculado – Legajo 7009/18”, donde los agentes fueron hallados responsables de haber viajado en agosto de 2018 a Encarnación, Paraguay, en una camioneta oficial del área de Discapacidad del Municipio, para realizar compras personales de cubiertas junto a familiares.

Los sancionados son Héctor Javier Muñoz, Lidia Liliana Ruiz Díaz, Dante Nelson Piñeyro Giovanetty y Silvia Rosa Benítez, quienes en su momento habían sido intimados a presentar la renuncia como parte del acuerdo ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones, obligación que nunca cumplieron.

Tras casi siete años de proceso judicial y con la confirmación de que la sentencia quedó firme y consentida, el Ejecutivo Municipal avanzó en la aplicación de sanciones administrativas, en cumplimiento de lo que establece la Ordenanza Nº 11.275/49, que contempla la condena judicial y la falta de dignidad en la vida pública o privada como causales de separación del empleo.

En relación a la decisión adoptada, Azcué fue contundente:

“No vamos a tolerar las faltas de cumplimiento de la ley, ni de las obligaciones del personal de la administración municipal. Somos servidores públicos y debemos comportarnos como tal. Debe quedar bien en claro la diferencia entre el personal municipal que se esfuerza, se capacita y trabaja con responsabilidad todos los días, de los que incumplen y se abusan de su posición para beneficio propio”.

El decreto establece que durante el período del sumario, que no podrá exceder los 45 días, los empleados permanecerán suspendidos sin percibir haberes, con el objetivo de garantizar un proceso transparente y ajustado a derecho, resguardando el interés público.