En ese contexto, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, lanzó duras críticas hacia la gestión peronista al sostener que “no fueron créditos irregulares ni un problema administrativo, sino una banda delictiva organizada para estafar al Estado”, y pidió dimensionar la gravedad de lo ocurrido.
El funcionario explicó que, desde el inicio de la investigación, el Gobierno provincial colaboró activamente con la Justicia aportando documentación y pruebas que permitieron avanzar en la causa. Además, denunció que antes del cambio de gestión hubo intentos deliberados de eliminar evidencias.
“Participamos en la investigación, trabajamos con mucha intensidad y acompañamos a la Fiscalía aportando toda la información requerida y recuperando lo que se intentó eliminar, incluso documentación sobre la que se volcó lavandina días antes del cambio de gobierno, algo que quedó demostrado de forma contundente en escuchas telefónicas”, afirmó Bernaudo.
El ministro calificó la maniobra como “una cosa terrible” y manifestó su sorpresa porque, según indicó, el fraude se haya sostenido durante años sin ser detectado por las autoridades ni por los organismos de control.
“Es increíble que esto haya pasado desapercibido a lo largo de años por las autoridades superiores y por todo el sistema de control operativo”, expresó.
Más de 750 casos y un perjuicio superior al millón de dólares
Bernaudo precisó que, de acuerdo con los relevamientos realizados, existirían alrededor de 750 casos vinculados a la operatoria irregular, desarrollada durante aproximadamente cuatro años y a lo largo de dos gestiones de gobierno.
En ese sentido, adelantó que la Fiscalía de Estado impulsará el recupero de la totalidad de los fondos desviados, cuyo monto supera el millón de dólares.
Asimismo, aseguró que ninguna de las personas involucradas continúa desempeñándose dentro de la estructura del Ministerio de Desarrollo Económico. Según indicó, la única excepción fue Pedro Gebhart, quien pasó al Senado durante la gestión de Laura Stratta como vicegobernadora, luego fue desvinculado y actualmente se desempeña como contratado del bloque del Partido Justicialista.
La Fiscalía de Estado busca recuperar los fondos
Por su parte, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, recordó que la investigación se inició a partir de una actuación del Tribunal de Cuentas, que detectó irregularidades al analizar las rendiciones del programa.
“El expediente comenzó en el ámbito del Tribunal de Cuentas. Luego los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía de Estado y a la Oficina Anticorrupción, desde donde se formuló la denuncia penal que dio inicio a la investigación del Ministerio Público Fiscal”, explicó.
Rodríguez Signes destacó además que el Estado provincial no permaneció ajeno al proceso judicial.
“No fuimos neutros frente a esta investigación. Además de realizar la denuncia, nos constituimos como actores civiles para obtener la reparación del perjuicio causado al Estado”, sostuvo.
Finalmente, aclaró que la Constitución y la legislación vigente impiden que el Poder Ejecutivo o la Fiscalía de Estado actúen como querellantes en causas penales, motivo por el cual la participación institucional se limitó a la denuncia, la colaboración con la investigación y la presentación de una demanda civil para reclamar el recupero de los recursos públicos presuntamente desviados.
Redaccion de 7Paginas
