La condena firme contra Sergio Urribarri volvió a poner en el centro de la escena una denuncia presentada hace 13 años por la Unión Cívica Radical de Entre Ríos, cuando el exgobernador atravesaba uno de los períodos de mayor concentración de poder político en la provincia.
Desde el radicalismo entrerriano remarcaron la decisión adoptada en mayo de 2013 por el Comité Provincial de la UCR, entonces presidido por Jorge D’Agostino, de acudir a la Justicia para denunciar presuntas irregularidades vinculadas con el manejo de la publicidad oficial durante la gestión de Urribarri.
La presentación judicial apuntó, entre otros aspectos, a contrataciones de publicidad oficial, adjudicaciones directas, utilización de mecanismos de excepción y falta de cotejo de precios.
Uno de los casos señalados fue el de la empresa Global Means, que habría recibido una orden de publicidad por parte del Estado provincial antes de encontrarse legalmente constituida. Aquella denuncia se transformó posteriormente en la causa Nº 6.399 y constituyó uno de los cinco hechos por los cuales Urribarri terminó siendo condenado.
Una denuncia cuando Urribarri estaba en el poder
En un escrito compartido a la redacción de 7Paginas, desde la UCR destacaron especialmente que la presentación judicial se realizó mientras Urribarri ejercía el gobierno provincial y en un contexto político en el que, según remarcaron, el oficialismo concentraba un importante nivel de poder.
En ese sentido, reivindicaron la actitud asumida por D’Agostino y por el partido, al sostener que la denuncia no respondió a un cálculo electoral ni a una especulación política, sino a la decisión de poner documentación y presuntos hechos irregulares en conocimiento de la Justicia.
“La UCR no reemplazó a la Justicia ni dictó condenas anticipadas: investigó, reunió documentación y puso los hechos en conocimiento de las autoridades competentes”, señalaron desde el radicalismo.
La causa siguió su curso durante años hasta desembocar finalmente en una sentencia condenatoria.
La Corte dejó firme la condena
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena contra el exgobernador entrerriano a ocho años de prisión efectiva y inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.
Desde la UCR remarcaron que se trata de una sentencia judicial firme y no de una acusación política, luego de un extenso proceso en el que los acusados tuvieron la posibilidad de ejercer su derecho de defensa.
En ese marco, el radicalismo sostuvo que la resolución judicial también pone en valor aquella denuncia presentada en 2013, cuando los hechos todavía estaban bajo investigación.
“Nadie está por encima de la ley”
Desde la Unión Cívica Radical aclararon que no celebran el encarcelamiento de una persona, pero sí reivindicaron el principio de que ningún funcionario puede estar por encima de la ley y que los recursos públicos deben administrarse en beneficio del interés general.
“Los recursos públicos jamás pueden utilizarse para beneficiar intereses particulares, familiares o electorales”, señalaron.
Finalmente, desde el radicalismo entrerriano consideraron que el fallo debe servir para promover una reflexión más amplia entre los distintos sectores de la sociedad, incluidos los partidos políticos, organizaciones sociales, sindicales y empresariales, universidades, medios de comunicación y ciudadanía.
En particular, apuntaron a quienes tuvieron responsabilidades durante aquella gestión y que, según expresaron, todavía mantienen silencio.
A 13 años de aquella presentación judicial, la UCR considera que la sentencia firme contra Urribarri constituye también un reconocimiento a quienes, en 2013, decidieron recurrir a la Justicia para denunciar presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos, aun cuando hacerlo significaba enfrentarse al poder político de turno.
Redaccion de 7Paginas
