Con esta resolución, el expediente vuelve al despacho de la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata, quien deberá retomar y concluir la audiencia de remisión a juicio, una instancia clave para definir qué imputados llegarán finalmente al debate oral.
Una cadena de recursos que no debió prosperar
Según lo resuelto por Casación, los planteos elevados por los defensores —entre ellos los abogados Emilio y Germán Fouces; Iván Vernengo y Damián Petenatti; Tomás Vírgala; José Velázquez y Agustín Fontana; y Miguel Cullen, entre otros— no eran recurribles en esta etapa del proceso.
El tribunal entendió que la decisión de la jueza Barbagelata, cuestionada por las defensas, es expresamente irrecurrible, por lo que la discusión nunca debería haber escalado al Tribunal de Juicios y Apelaciones, ni mucho menos a Casación.
La vocal María Carolina Castagno, quien había habilitado a los defensores a recurrir, queda ahora desplazada del eje del trámite, que vuelve a Barbagelata para continuar con la etapa intermedia.
Qué había pasado en septiembre
En la extensa audiencia del 5 de septiembre —seis horas de debate— Castagno introdujo cambios que alteraron el curso del proceso: ordenó a la jueza de Garantías que resolviera de inmediato temas que Barbagelata había decidido postergar para el juicio oral.
Entre ellos, cuestiones determinantes:
el pedido de las defensas para cambiar la calificación legal de los hechos;
el debate sobre prescripción;
y las objeciones a la participación de Fiscalía de Estado como actor civil.
Castagno consideró que todos esos planteos debían resolverse en la remisión a juicio, no durante el plenario del debate oral.
Ahora, con el fallo de Casación, todo vuelve al momento previo y Barbagelata deberá retomar la audiencia con los lineamientos jurídicos vigentes antes de la intervención de Castagno.
La tramitación, llena de idas y vueltas
Desde julio, la causa se encontraba prácticamente paralizada. En esa fecha, Barbagelata había permitido que varias defensas apelaran, lo que dejó en suspenso el pedido de Fiscalía de remitir el caso a juicio oral.
Mientras tanto, las defensas insistieron con nulidades, exclusiones probatorias, pedidos de sobreseimiento, modificaciones de imputación y objeciones al rol de Fiscalía de Estado. Algunos de estos planteos fueron admitidos y otros denegados, generando una seguidilla de apelaciones que terminó desembocando en Casación.
Con el nuevo fallo, todo ese andamiaje recursivo queda sin efecto.
La investigación: 10 años, más de 700 contratos y millones desviados
La causa “Contratos Truchos” se inició tras el descubrimiento, en 2018, de un mecanismo que habría permitido sustraer fondos públicos durante una década mediante contrataciones ficticias en ambas cámaras legislativas.
Según la acusación fiscal:
Se firmaron más de 700 contratos con personas que no cumplían tareas reales.
Los contratados recibían una pequeña parte del salario y el resto era captado por la organización.
La maniobra habría operado desde 2008 hasta septiembre de 2018, con montos que fueron creciendo desde 4.500 pesos hasta 50.000 por contrato.
Los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro atribuyen roles clave a los responsables administrativos de las cámaras, entre ellos Gustavo Pérez, Sergio Cardoso, Juan Domingo Orabona y Jorge Fabián Lázaro.
Quiénes quedan y quiénes ya salieron del proceso
Cuando el Ministerio Público Fiscal pidió la remisión a juicio en 2021, había 32 imputados.
Tras abreviados, acuerdos económicos y sobreseimientos, hoy el número se redujo a 17, entre ellos:
Gustavo Pérez
Sergio Cardoso
Juan Pablo Aguilera
Alejandro Almada
Juan Domingo Orabona
Alfredo Bilbao
Roberto Ariel Faure
Flavia Beckman
Hugo Mena
Jorge Fabián Lázaro
Maximiliano Degani
Pedro Opromolla
Jorge Enrique De Breuil
Javier Schneider, entre otros
La lista de los que ya quedaron afuera incluye a 14 personas, con acuerdos económicos millonarios y un juicio abreviado, como el de Esteban Scialocomo, condenado a tres años condicionales, multas y el pago de 6 millones de pesos.
Penas solicitadas por Fiscalía
En su requerimiento, los fiscales pidieron duras penas para los presuntos organizadores y ejecutores del esquema. Entre ellas:
18 años de prisión para Gustavo Pérez.
16 años para Juan Pablo Aguilera.
12 años para Sergio Cardoso y Alfredo Bilbao.
10 años para Alejandro Almada y Hugo Mena.
7 años para Juan Domingo Orabona.
5 años para Jorge Fabián Lázaro.
Condenas menores para el resto de los imputados.
El próximo paso
La Oficina de Gestión de Audiencias deberá fijar fecha para continuar con la audiencia de remisión a juicio, donde Barbagelata tendrá que resolver los planteos pendientes antes de que el caso llegue finalmente al debate oral.
Con el fallo de Casación, la causa retoma su cauce original después de meses de dilaciones, y el proceso vuelve a quedar en manos de la jueza que debe definir quiénes irán —finalmente— al juicio por uno de los escándalos de corrupción más importantes de la historia reciente de Entre Ríos.
Con informacion de Entre Rios Ahora
Redaccion de 7Paginas
