Tal lo informado oportunamente por 7Paginas, una grave denuncia sacude a la ciudad de Concordia y al sistema provincial de asistencia alimentaria escolar. Silvina Soledad Murúa, quien hasta hace pocos días se desempeñaba como coordinadora de Comedores Escolares, fue desplazada de su cargo tras quedar envuelta en una investigación por una millonaria estafa contra el Estado provincial. El caso, que ya se tramita en la Unidad Fiscal de Concordia, apunta a una red de corrupción que habría desviado al menos 103 millones de pesos destinados a la alimentación de niños en 37 escuelas.
La sospecha inicial surgió a partir de rendiciones irregulares en los comedores escolares: se detectó que se compraba mercadería por 100 pesos, pero se entregaban productos por apenas 80, y la diferencia se dividía entre responsables de comedores y proveedores. Esta operatoria, según se presume, contaba con la venia y participación activa de Murúa, quien habría utilizado los fondos desviados para beneficio personal, incluyendo la supuesta compra de dólares.
Uno de los proveedores bajo investigación operaba bajo el nombre comercial “Ahora Voy”, cuyo titular sería un tal Iñaki Paterrier. Tanto él como otros involucrados aparecen mencionados en un audio que forma parte del expediente, donde se escucha a Murúa quejarse por un supuesto faltante de 20 mil pesos al recibir un pago, descubierto cuando intentaba cambiar dinero por moneda extranjera.
Lo que más llama la atención es que Murúa fue quien, en marzo de este año, denunció a los exresponsables del área por presunta malversación de fondos públicos. Paradójicamente, ahora enfrenta la misma acusación, con un expediente judicial que lleva su propio nombre como imputada.
Desde la Dirección de Comedores se intentó obtener explicaciones por los desajustes detectados, pero ante la falta de respuestas, se llevó a cabo un operativo sorpresa de control. Se solicitó documentación contable en las 37 escuelas señaladas, y las inconsistencias detectadas derivaron en la intervención directa del gobierno provincial.
El escándalo generó malestar en la comunidad educativa y preocupación en el gobierno provincial, que ya ha dictado el decreto que formaliza la destitución de Murúa. El paso siguiente será la presentación formal de la denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal.
Mientras tanto, continúa la investigación para determinar el monto total del perjuicio económico y la responsabilidad penal de los involucrados, entre ellos proveedores y responsables de los comedores escolares. El caso promete escalar en las próximas semanas y podría ser apenas la punta del iceberg de una trama de corrupción con consecuencias aún incalculables.
Con información de Entre Rios Ahora
Redacción de 7Paginas
