Este pronunciamiento representa un importante avance en el proceso legal que lleva adelante el gobierno entrerriano con el objetivo de restituir los derechos económicos y federales establecidos en el acuerdo firmado en 1998 entre la Nación y las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones.
Con el aval de la Procuración, se despeja el camino para que el caso continúe su curso ante el máximo tribunal del país. Dentro de la estrategia judicial, Entre Ríos ya había solicitado una audiencia de conciliación, cuya concreción dependía de este paso procesal. Ahora, se aguarda que la Corte fije fecha para dicho encuentro.
Desde la Casa de Gobierno provincial subrayaron la relevancia de esta instancia:
“Es fundamental para que la Corte asuma su competencia y avance en la resolución del conflicto. Estamos reclamando que se cumplan los compromisos asumidos y se restituya lo que le corresponde a Entre Ríos por derecho”, expresaron desde el Ejecutivo.
El conflicto tiene su origen en resoluciones adoptadas por la Secretaría de Energía de la Nación a partir de 2013, que dispusieron de forma unilateral una reducción en el valor de la energía generada por la represa de Salto Grande, afectando de manera directa los excedentes reparatorios que debían ser distribuidos a las provincias firmantes del pacto. Esta situación, denunciada por Entre Ríos, constituye una violación directa a lo pactado en 1998.
El avance del expediente ante la Corte Suprema abre la posibilidad de que finalmente se reconozcan y restituyan los fondos que la provincia considera legítimos, y que tienen un fuerte impacto en las finanzas provinciales y en la defensa del federalismo energético.
Con información de prensa provincia
Redaccion de 7Paginas
