La abogada defensora de Mireya López Bernis se mostró sorprendida por la publicación de la noticia de la Resolución que deniega a la defensa pruebas de documentación y de informes que se solicitaban se libre Oficio a la Municipalidad de Concordia
María de los Ángeles Petit, abogada de la defensa explico que se trataba de un pedido de documentación entre las que se encuentra una Ordenanza que no se encuentra en el Digesto Municipal, así como la nómina de agentes municipales que trabaja en el área de compras directas del Corralón Municipal y el procedimiento del orden preestablecido para las compras directas.
“Son temas relacionados directamente con la causa y que al estar en un organismo público, es de difícil obtención por parte de los abogados defensores”.
“La Resolución es de la Fiscalía, por lo que ya estamos presentando un pedido al Juez de Garantías para que nos autorice a obtener esa información. Es parte del proceso penal que se sucedan estas cosas, pero en legajos donde la mayor parte de la información la tiene el Estado, la prueba es fundamental. La Fiscalía al negar la prueba está violando el principio de amplitud probatoria y el derecho de defensa y debido proceso reconocidos constitucionalmente.”
“La actuación de la Fiscalía de Concordia en los casos de corrupción está continuamente trabando el trabajo de los defensores, falta de objetividad y totalmente parcial y cada vez, refuerza más mi posición que causas en las que están involucrados funcionarios municipales, deben ser investigados y juzgados en otra jurisdicción, ya que existen muchos intereses. Tenemos una fundada sospecha de parcialidad sistémica que imposibilita la imparcialidad en la IPP”
“Hay una defensa de la gestión de Azcué, que no permite avanzar sobre la información que posee. En otra causa hasta le permitieron declarar sin jurar decir la verdad, y si no hubiera sido porque como defensa solicitamos la nulidad de su declaración como testigo, hoy no estaría intimado para contestar, en un plazo que venció el lunes 2/11 pero que la Fiscalía no nos informa si cumplió con su obligación. El principio de inocencia es una ficción jurídica para los fiscales anticorrupción.”, finalizó.
