La recusación fue presentada por los abogados Miguel Ángel Cullen, defensor de Urribarri, y Ignacio Díaz y José Velázquez, representantes legales de Cardona Herreros. Tras esta presentación, la definición sobre la continuidad del proceso quedará ahora en manos del Juzgado de Garantías Nº 7, que deberá resolver el planteo y determinar cómo continúa el trámite judicial.
Cabe recordar que la Justicia había fijado un extenso cronograma de audiencias ante el juez Vergara, previstas para los días 10, 11, 12, 17, 18, 19, 25, 26 y 31 de marzo, y 1, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de abril de 2026, todas a partir de las 9 horas, en el Salón de Audiencias Nº 1.
Una causa con demoras y antecedentes
En noviembre de 2025 se cumplieron dos años desde que el Ministerio Público Fiscal solicitó la remisión a juicio oral de esta causa, que constituye el tercer proceso penal que involucra al exmandatario entrerriano. Urribarri ya fue condenado a 8 años de prisión en el megajuicio por corrupción —sentencia que no se encuentra firme por un recurso ante la Corte Suprema— y enfrenta además otra causa por coimas, donde la Fiscalía pidió 10 años de cárcel.
Desde Tribunales se explicó que la demora en el avance de la causa por enriquecimiento ilícito se debió a que intervienen los mismos defensores que actúan en la causa por pago de coimas, cuyo trámite de remisión a juicio finalizó recientemente, lo que impedía avanzar en paralelo.
El rol de Rubén Martínez y la probation
Uno de los imputados en esta causa, Rubén Ángel Martínez, un jubilado de más de 70 años, quedó fuera del juicio oral en mayo de 2024, luego de que el juez Vergara homologara un acuerdo de suspensión de juicio a prueba (probation) por el plazo de tres años.
Martínez estaba acusado de haber actuado como partícipe secundario, al adquirir un vehículo a su nombre en 2011 y facilitar su uso a familiares del exgobernador, además de colaborar en el ingreso al país de obras de arte provenientes de Europa. Como parte del acuerdo, asumió el pago de multas, donaciones a instituciones públicas y reparaciones económicas, evitando así el debate oral.
Qué investiga la causa
La investigación se inició en 2015 y apunta a determinar si Urribarri incrementó su patrimonio de manera injustificada durante el período en que se desempeñó como gobernador y luego como diputado provincial, entre 2008 y 2015.
Según la imputación formulada por los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, el exgobernador habría registrado un crecimiento patrimonial no justificado equivalente a más de 7 millones de dólares, además de montos en pesos y euros, valiéndose de personas interpuestas, entre ellas Cardona Herreros y Martínez, para ocultar bienes y administrar fondos.
Para Urribarri, la Fiscalía solicitó una pena de 5 años y 6 meses de prisión; para Cardona Herreros, 5 años de cárcel efectiva.
La postura de Urribarri
El exmandatario negó las acusaciones y cuestionó duramente al Ministerio Público Fiscal. Aseguró que la pericia contable no está concluida y que los montos difundidos “son intencionales y maliciosos”, señalando que no se tuvieron en cuenta ingresos de su hijo Bruno Urribarri durante su actividad futbolística en el exterior.
Además, Urribarri sostuvo que la causa tiene un trasfondo político y electoral, denunciando que los tiempos judiciales coinciden con momentos clave del calendario electoral. “No hay casualidades, hay causalidades”, expresó, al tiempo que afirmó que buscan “anularlo políticamente”.
Con la recusación del juez Vergara, la causa por enriquecimiento ilícito suma ahora un nuevo capítulo y queda a la espera de una definición judicial que permita destrabar el inicio del juicio oral, en un proceso que lleva más de una década de investigación y continúa generando fuerte impacto político y judicial en Entre Ríos.
Con informacion de Entre Rios Ahora
Redaccion de 7Paginas
