Miles de especies, muchas de ellas autóctonas e incluso en peligro de extinción, son cazadas legal e ilegalmente a lo largo del país. Esto ocurre a pesar de la existencia de leyes que prohíben expresamente su matanza. Los denominados cotos de caza —áreas delimitadas que habilitan la matanza de grandes animales— son el corazón de este sistema, donde animales criados en cautiverio son asesinados por turistas extranjeros bajo la fachada de «safaris» organizados. Allí, la caza es recreativa, aunque también se justifica bajo el argumento del control de especies introducidas por el hombre.
Este tipo de turismo selecto ofrece alojamiento, guías y hasta la posibilidad de llevarse “trofeos” de caza: partes embalsamadas de los cuerpos de animales que alguna vez vivieron en libertad. Los permisos otorgados por las provincias para la caza deportiva de determinadas especies no suelen ser controlados, y en muchos casos se permite el uso de perros y la participación de menores de edad.
La falta de regulación ha convertido a la Argentina en un destino predilecto para cazadores internacionales, que llegan atraídos por una legislación permisiva y la escasa fiscalización. A esto se suma el llamado turismo cinegético, especialmente vinculado a la caza de aves silvestres. En Entre Ríos y Santa Fe, por ejemplo, se autorizó recientemente la caza de especies autóctonas, lo que generó fuertes críticas por parte del Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (CEyDA).
Pero las denuncias más alarmantes no se detienen ahí. La diputada santafesina Alicia Sansa acusó públicamente la existencia de empresas dedicadas al turismo cinegético en Santa Fe que, en realidad, funcionarían como pantalla para redes de explotación infantil. Según sus declaraciones, se estaría utilizando la caza como fachada para encubrir actividades de turismo sexual.
Frente a esta realidad, algunas provincias han comenzado a reaccionar. Neuquén prohibió recientemente la caza deportiva de pumas, y Santa Cruz hizo lo propio con los zorros. En Entre Ríos, dos fallos judiciales declararon inconstitucionales las resoluciones que autorizaron la caza de aves silvestres durante 2022 y 2023.
La sociedad civil y organizaciones animalistas han intensificado su lucha. El proyecto de Ley de Seres Sintientes, impulsado desde distintos sectores, busca que los animales sean reconocidos legalmente como sujetos de derecho, con protección ante el maltrato y la explotación. La campaña puede ser acompañada desde el sitio www.sintientes.org, donde se puede firmar una petición para que la ley avance en el Congreso.
Frente a un sistema que promueve la violencia y el lucro a costa del sufrimiento animal, la urgencia de actuar es hoy más fuerte que nunca. La vida no debe ser un negocio, y el respeto por los seres sintientes debe convertirse en una política de Estado.
Con información de Ceydas
Redaccion de 7Paginas
