El caso se remonta a diciembre de 2024, cuando ambos intentaron ingresar a Paraguay transportando USD 211.102, G. 640.000 y 3.900.000 pesos argentinos, sin haber declarado el dinero ante la DNIT, obligación que rige para montos elevados. El episodio fue difundido por medios paraguayos, entre ellos Radio 780 AM y Mega TV.
Los jueces Adriana Planás, Elsa García y Matías Garcete ratificaron la convocatoria al juicio, al considerar que las apelaciones presentadas tienen un carácter “meramente dilatorio”. No obstante, la continuidad del proceso dependerá de la respuesta que dé en las próximas horas la Cámara de Apelaciones y, eventualmente, la Corte Suprema.
En diálogo con el programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), el periodista paraguayo Lucas Zaracho explicó que el juicio podría suspenderse si el tribunal de apelaciones no resuelve a tiempo los recursos pendientes. “Si no se expide ese tribunal, no va a poder iniciar. Pero si ratifican la convocatoria, el juicio podrá comenzar el lunes”, señaló. Agregó que, de persistir las apelaciones o si se presentan recusaciones contra los jueces, el proceso podría volver a demorar.
Consultado sobre la duración estimada del juicio, Zaracho indicó que “dependerá mucho de la agenda del tribunal”, recordando que en Asunción existen procesos previstos incluso para mitad del próximo año. Sostuvo que este tipo de casos suele extenderse durante semanas o meses, especialmente cuando las defensas insisten con planteos que pueden dilatar la instancia oral.
Respecto del contenido de la acusación, el periodista explicó que no se trata de una causa compleja: “El Ministerio Público está seguro de poder probar que ingresaron al país sin declarar sumas importantes de dinero. No presentaron documentación que avale la legalidad de esos fondos”. Además, se espera la declaración de funcionarios que intervinieron en el procedimiento realizado en el Puente de la Amistad.
La pena máxima por tentativa de contrabando en Paraguay es de dos años y seis meses de cárcel. Paralelamente, continúa tramitándose el proceso de extradición solicitado por la justicia argentina, que busca juzgar a los acusados por lavado de dinero.
Según la investigación abierta en Paraguay, Kueider y Guinsel, junto a otras personas y con la presunta participación de las empresas BETAIL S.A. y EDEKOM S.A., habrían conformado una organización destinada a realizar operaciones financieras y comerciales para blanquear dinero ilícito desde 2017 hasta la actualidad. Este esquema incluiría movimientos en el sistema financiero local e internacional, uso de activos virtuales y adquisición de bienes muebles e inmuebles.
Con información de Análisis
