El trámite judicial, que ha tenido múltiples idas y vueltas, comenzó el 20 de febrero de 2024 y finalizará, si no ocurre nada extraordinario, este lunes. Durante el proceso, el juez de la causa fue recusado, y el planteo fue tratado por el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones, Santiago Brugo, quien también fue recusado. Finalmente, un tribunal compuesto por Gervasio Labriola, Alejandro Grippo y Rafael Cotorruelo rechazó el planteo de la defensa, cerrando la posibilidad de apelación ante la Cámara de Casación Penal.
La causa: el entramado de sobornos
La investigación apunta al supuesto pago de coimas por parte del empresario Diego Armando Cardona Herreros, dueño de Relevamientos Catastrales S.A., a funcionarios del gobierno de Urribarri. Durante una audiencia realizada en marzo de 2024, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano detallaron cuánto se pagó en sobornos en cada contratación entre el Estado entrerriano y las empresas vinculadas a Cardona Herreros.
La investigación se basa en un informe contable que expone los pagos ilícitos registrados bajo la sigla «PLM» en documentos, planillas y correos electrónicos. Los montos involucrados incluyen:
Licitación 1/08: $3.062.000 en sobornos, de los cuales $1.000.007 habrían sido destinados a Sergio Urribarri.
Ampliación de la Licitación 1/08: $1.038.000, con distribución mensual de fondos.
Licitación 48/11: $3.762.000 en pagos indebidos, distribuidos entre empresarios y funcionarios.
Licitación 84/13 del Ministerio de Trabajo: $6.876.000, con pagos a Guillermo Smaldone, Mauro Urribarri y otros implicados.
Licitación 2/15: $1.836.000 en sobornos registrados.
Los fiscales afirmaron que «cada vez que se efectuaba el pago de la provincia por una contratación, se ponía en marcha este sistema de distribución de PLM para funcionarios y empresarios». Las evidencias incluyen mensajes de correo electrónico, registros contables y expedientes administrativos.
Ruta del dinero y bienes adquiridos
La Fiscalía detalló que los pagos se realizaban en efectivo, mediante cheques a empresas asociadas o a través de la compra de bienes y servicios. Entre los objetos adquiridos por Relevamientos Catastrales para funcionarios se encuentran alfombras, una heladera y una cinta para correr, entregados en un departamento en Capital Federal perteneciente a Urribarri. También se financiaron pasajes aéreos para familiares del exgobernador y otros implicados.
Además, se estableció que el dinero destinado a Urribarri «era almacenado en las oficinas de Cardona Herreros», y que hubo depósitos bancarios para otros funcionarios. Testimonios de empleados y secretarias de la empresa confirmaron estas prácticas.
Pedido de condenas
La Fiscalía, a cargo de Patricia Yedro y Gonzalo Badano, remitió la causa a juicio con un adelanto de las penas que solicitarán:
Sergio Urribarri: 10 años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua y multa de $540.000.
Diego Armando Cardona Herreros: 9 años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua y multa de $540.000.
Guillermo Smaldone (exministro de Trabajo): 5 años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua y multa de $90.000.
Carlos Marcelo Haidar: 6 años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua y multa de $540.000.
Luis Alfonso Erbes: 5 años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua y multa de $360.000.
Miguel Ángel Ulrich: 4 años y 6 meses de prisión efectiva, inhabilitación perpetua y multa de $360.000.
José Humberto Flores: 3 años de prisión condicional, inhabilitación perpetua y multa de $90.000.
Con el cierre de esta etapa, se espera que en los próximos meses el caso avance hacia el juicio oral, donde se definirán las responsabilidades penales de los acusados en uno de los mayores escándalos de corrupción de la provincia.
Fuente: Entre Rios ahora
Redaccion de 7Paginas
