Silvina Soledad Murúa continúa cobrando como docente, pese a haber sido apartada de la coordinación de Comedores de Concordia. Según supo 7Páginas, el Consejo General de Educación le habría enviado una carta documento notificándole el inicio de un sumario administrativo. El procedimiento podría derivar en la pérdida de sus cargos.
El escándalo por las presuntas irregularidades en el manejo de los fondos destinados a los comedores escolares de Concordia suma un nuevo capítulo. Silvina Soledad Murúa, excoordinadora de la Dirección de Comedores y actualmente imputada en una causa penal por el presunto desvío de una suma millonaria, habría comenzado a enfrentar un proceso administrativo en el ámbito del Consejo General de Educación (CGE), organismo del que todavía depende como docente.
Según supo 7Páginas, el pasado miércoles se habría iniciado el trámite para abrirle un sumario administrativo. En ese marco, el CGE le habría remitido una carta documento para comunicarle formalmente la medida.
Murúa fue desplazada de la coordinación de Comedores luego de que salieran a la luz las irregularidades detectadas en la administración de los recursos destinados a la alimentación de estudiantes. Sin embargo, pese a haber dejado aquella función, continuó vinculada laboralmente al Estado provincial y percibiendo un salario como docente.
Actualmente tiene asignadas 14 horas cátedra en la Escuela Secundaria N° 5 de La Criolla y otras 8 horas en la Escuela Secundaria N° 10 República de Entre Ríos, de Concordia. De acuerdo con la información disponible, no está asistiendo a sus lugares de trabajo porque se encuentra con licencia psiquiátrica.
El decreto que puso el caso en manos del CGE
El avance administrativo tiene como antecedente el decreto provincial 3.469, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio el miércoles 21 de octubre y refrendado por la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso.
La norma aprobó la investigación administrativa sobre el funcionamiento de 37 comedores escolares de Concordia durante marzo y abril de 2025, período en el que una auditoría interna detectó diferencias de acreditaciones e irregularidades por un monto calculado en 103.738.136 pesos.
El dictamen de la Fiscalía de Estado consideró acreditado un cuadro de graves irregularidades administrativas, con entidad suficiente para justificar un reproche disciplinario. Entre los señalamientos aparecen presuntos sobreprecios, direccionamiento de compras hacia determinados proveedores y directivas para la confección de rendiciones de gastos.
También se sostuvo que Murúa habría concentrado funciones sensibles en familiares y personas de su confianza, y que habría conocido las irregularidades advertidas por supervisores y personal encargado de las rendiciones sin corregirlas ni informar a sus superiores.
No obstante, como ya no ocupa el cargo de coordinadora, la Fiscalía de Estado entendió que no corresponde aplicarle una sanción bajo el régimen de empleo público provincial por aquella función. Por eso, el decreto dispuso remitir las actuaciones al Consejo General de Educación para que evalúe la apertura de un sumario en su condición de docente.
Los cargos docentes que todavía conserva
La situación laboral de Murúa quedó así bajo la órbita del CGE. El organismo deberá determinar, con intervención de su Dirección de Asuntos Jurídicos, si corresponde avanzar con un procedimiento disciplinario en el marco del Estatuto del Docente Entrerriano.
Ese proceso podría derivar en sanciones sobre los cargos que conserva, aunque hasta el momento no se informó oficialmente una resolución definitiva ni una medida que implique su desvinculación.
De confirmarse el inicio del sumario, se abriría una nueva instancia administrativa para establecer si las conductas investigadas también tienen consecuencias sobre su desempeño como docente.
La causa penal sigue en marcha
En paralelo, Murúa continúa imputada en una investigación penal que tramita en Concordia. En mayo de este año, los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning avanzaron con la imputación contra la excoordinadora, su hermano Adrián Murúa y Guillermo Julián Quiroga.
También fueron imputados Iñaki y Martín Ignacio Partarrié, vinculados a la firma Ahora Voy SRL.
La investigación penal analiza presuntas maniobras para direccionar las compras de alimentos de los comedores hacia determinados proveedores. La hipótesis fiscal sostiene que, desde enero de 2024, Murúa y personas de su entorno habrían presionado o persuadido a responsables de tarjetas de compra para que adquirieran mercadería a determinados comercios.
Las conductas fueron encuadradas provisoriamente como peculado, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita. El perjuicio estimado por los investigadores coincide con el monto detectado por la auditoría: 103.738.136 pesos.
Sin embargo, hay una diferencia importante entre ambos procesos: mientras la Provincia dio por acreditadas irregularidades administrativas en la gestión de los comedores durante marzo y abril de 2025, la existencia de delitos y las responsabilidades penales de los imputados deberán ser determinadas por la Justicia.
Murúa permanece imputada y no fue juzgada.
Por ahora, el foco vuelve a estar puesto en el Consejo General de Educación. El organismo deberá resolver cómo continúa el procedimiento administrativo y si las irregularidades atribuidas a la exfuncionaria tendrán consecuencias sobre los cargos docentes por los que todavía cobra un sueldo del Estado entrerriano.
