En respuesta a la información publicada por 7Páginas bajo el título “Licitación de residuos en Concordia: el STJ rechazó el planteo de Sierra y Lapiduz y ratificó la validez del pliego”, las principales autoridades de Compromiso por Concordia sostuvieron que el fallo “terminó una discusión procesal, no la discusión ambiental”.
El documento lleva las firmas del presidente del espacio político, Álvaro Sierra; la vicepresidenta, Silvia Dri; y el apoderado legal, Pablo Lapiduz.
Según explicaron, la presentación judicial estuvo circunscripta “exclusivamente a la cuestión ambiental” y aclararon que en esa causa “no se discutieron eventuales irregularidades de la contratación directa anterior con VITSA, ni aspectos administrativos o contractuales vinculados al procedimiento licitatorio”.
“El núcleo de nuestro planteo sigue vigente”
Desde Compromiso por Concordia remarcaron que el STJ rechazó la acción porque entendió que la vía procesal elegida no permitía tener por configurado, en ese momento, un incumplimiento ambiental concreto.
También señalaron que el Tribunal consideró que del contenido del pliego, por sí solo, no podía deducirse necesariamente un incumplimiento, principalmente porque el propio documento establece que la prestación deberá ajustarse a toda la normativa ambiental nacional, provincial y municipal vigente.
“Ese es, precisamente, uno de los aspectos centrales del fallo: el hecho de que el pliego no detalle cada obligación ambiental no significa que esas obligaciones desaparezcan ni que puedan dejar de cumplirse durante la ejecución del contrato”, expresaron.
En ese sentido, sostuvieron que el fallo reafirma, según su interpretación, que toda la normativa ambiental vigente deberá ser respetada durante la prestación del servicio.
Reclamo por la separación y recuperación de residuos
Desde el espacio político plantearon que ahora comienza una nueva etapa, en la que la Municipalidad y la empresa que resulte a cargo del servicio deberán explicar y demostrar de qué manera compatibilizarán las condiciones establecidas en el pliego con las obligaciones ambientales vigentes.
En particular, mencionaron la necesidad de contemplar aspectos vinculados con la separación, recolección diferenciada, recuperación, reciclado y gestión integral de los residuos.
También hicieron referencia a principios ambientales como la progresividad y la no regresión, y remarcaron que el cumplimiento de esas obligaciones deberá verificarse durante la ejecución concreta del servicio.
“Eso deberá verificarse en los hechos y estará sujeto al control ciudadano, institucional y, si correspondiera, administrativo o judicial”, señalaron.
“El verdadero examen comienza ahora”
En el documento, Compromiso por Concordia insistió en que el planteo presentado ante la Justicia buscaba que se modificaran determinados aspectos del pliego como mecanismo para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental.
“Nosotros entendíamos que para garantizar ese cumplimiento era necesario modificar aspectos del pliego. El Tribunal consideró que no correspondía hacerlo en esta instancia”, indicaron.
Por ese motivo, consideraron que será la ejecución concreta del servicio la que permitirá determinar si la Municipalidad y la empresa cumplen efectivamente con todas las obligaciones ambientales.
“En definitiva, quedó reafirmado el estándar ambiental que deberá respetarse durante toda la concesión. El verdadero examen comienza ahora”, afirmaron.
Finalmente, desde Compromiso por Concordia anticiparon que realizarán un seguimiento de la implementación del servicio y advirtieron que estarán “especialmente atentos y vigilantes” sobre su ejecución.
“Vamos a controlar que cada obligación ambiental se cumpla efectivamente y que no exista ningún retroceso respecto de los estándares que la ciudad ya tiene reconocidos”, expresaron.
Y concluyeron: “La Municipalidad y la empresa ahora tienen que demostrar en los hechos que pueden cumplir aquello que el propio fallo reafirma: toda la normativa ambiental vigente”.
