El futuro de las rutas nacionales 12 y 14, conocidas como la «Ruta del Mercosur», enfrenta un momento crítico en el marco de la primera licitación vial del gobierno de Javier Milei. La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) avanza en los preparativos para adjudicar este estratégico corredor, mientras que Caminos Río Uruguay (CRUSA), el actual concesionario, busca frenar el proceso y renegociar su contrato.
Un conflicto de larga data
La concesión de estas rutas, vitales para el comercio entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, tiene una historia marcada por demoras en actualizaciones tarifarias y renegociaciones inconclusas. CRUSA reclama que el Estado está «obligado» a renegociar el contrato firmado hace más de tres décadas y ha presentado una demanda por 300 millones de dólares, argumentando pérdidas derivadas de la falta de actualización de peajes.
Por su parte, Vialidad sostiene que el proceso judicial iniciado por CRUSA en 2022 imposibilitó avanzar en la renegociación. Además, señalan que la empresa no cumplió con las obras comprometidas y que se encuentra en concurso preventivo de acreedores, lo que agrava su incapacidad para mantener el corredor en condiciones óptimas.
Estado de las rutas y sanciones
El deterioro de las rutas ha sido señalado como un factor alarmante. Según datos de CRUSA, 44.230 vehículos transitan diariamente por este corredor, de los cuales un 25% transporta cargas pesadas. No obstante, la empresa admite no tener recursos para realizar los trabajos necesarios, lo que llevó a la DNV a emitir 19 resoluciones con sanciones contra el concesionario en lo que va del año.
Mientras tanto, el Gobierno anunció que lanzará en diciembre la licitación para que el nuevo adjudicatario asuma en mayo de 2025. Entre los interesados figuran empresas vinculadas a contratistas del Estado, como Luis Losi, JCR y Rovella Carranza, que proponen una inversión de 650 millones de dólares en costos operativos y 300 millones de dólares en mantenimiento durante los próximos 15 años.
La postura de CRUSA y el conflicto tarifario
Desde CRUSA insisten en que la renegociación del contrato es obligatoria, basándose en acuerdos firmados en 2002 tras la pesificación de tarifas. Alegan que las administraciones anteriores no ajustaron los valores de los peajes, afectando su tasa de retorno. En contraste, los peajes de otras concesionarias han experimentado aumentos significativos, mientras que los de CRUSA subieron solo un 145% desde diciembre de 2023.
Además, la empresa critica que el Gobierno no haya establecido un procedimiento claro para finalizar el contrato, lo que derivó en una extensión de la concesión hasta abril de 2024, prorrogada luego por un año más.
Un desafío estratégico para la nueva gestión
La licitación de la Autovía Artigas es uno de los primeros grandes desafíos de la presidencia de Javier Milei, en un contexto donde la integración comercial del Mercosur sigue siendo una prioridad estratégica. Sin embargo, el conflicto con CRUSA refleja los desafíos estructurales de un sistema vial que necesita inversiones urgentes y una administración más eficiente.
Los próximos meses serán decisivos para definir el futuro de la principal ruta de intercambio comercial entre Argentina y Brasil, mientras que los usuarios y la economía regional esperan soluciones que garanticen caminos seguros y transitables.
