El proyecto, impulsado por el concejal Felipe Sastre, contempla la posibilidad de concesionar parte del servicio a empresas privadas, aunque desde el oficialismo insistieron en que “no se trata de una privatización”.
El concejal Mauricio Rey fue el primero en explicar los alcances de la medida, señalando que la decisión responde a los reiterados reclamos de los vecinos por deficiencias en la frecuencia y calidad del servicio. “La proliferación de microbasurales es constante y creciente, y esto impacta directamente en la salud y el ambiente. Esta situación se tiene que solucionar”, remarcó.
En ese sentido, sostuvo que la declaración de emergencia permitirá al Ejecutivo municipal implementar mecanismos excepcionales, como la contratación directa, para agilizar soluciones. Además, destacó que la medida apunta a optimizar recursos, erradicar focos de contaminación, preservar cursos de agua y mejorar la calidad de vida de la población.
Rey también subrayó que el esquema será mixto: “El Estado no se retira. Se concesionará una parte del servicio, pero el municipio seguirá prestando tareas en otros sectores. Lo más importante es que no habrá despidos ni pérdida de derechos laborales”.
Críticas de la oposición
Desde el bloque justicialista cuestionaron tanto la forma como el contenido del proyecto. La concejal Carolina Amiano criticó que la iniciativa haya sido tratada sin el tiempo suficiente para su análisis.
“Se están ingresando proyectos de gran importancia sin permitirnos estudiarlos en profundidad. Esto limita la posibilidad de hacer aportes constructivos”, expresó.
Asimismo, puso en duda la transparencia del proceso y advirtió que la declaración de emergencia habilita contrataciones directas por fuera de los mecanismos habituales. “Esto puede derivar en un direccionamiento hacia una empresa determinada. Estamos ante un posible negocio”, sostuvo.
En la misma línea, los concejales Guillermo Satalia Méndez y Claudia Villalba también manifestaron reparos, insistiendo en la necesidad de mayor debate y claridad en torno a la iniciativa.
Respuesta del oficialismo
Por su parte, el concejal Felipe Sastre defendió el proyecto y cuestionó a la oposición, asegurando que la problemática de la basura es preexistente y requiere decisiones concretas.
“Hay sectores donde la recolección ya está tercerizada desde hace años. Este problema no lo generó esta gestión, pero sí lo está enfrentando”, afirmó.
Además, remarcó que el Ejecutivo analizó durante dos años distintos modelos antes de avanzar con esta propuesta. “Gobernar es tomar decisiones. Este es un esquema mixto que busca ordenar el sistema y dar respuestas a los vecinos”, señaló.
Sastre también justificó el tratamiento rápido del proyecto al sostener que existía desconfianza respecto al uso político del tema. “No confiamos en que se dé un debate sin especulaciones”, lanzó.
Qué establece la ordenanza
La norma aprobada declara la emergencia ambiental por un año y habilita al Departamento Ejecutivo a implementar un régimen de contratación directa, con un tope de hasta 400 millones de pesos mensuales.
Asimismo, autoriza la concesión del servicio de gestión integral de residuos por un plazo máximo de seis años y crea una comisión de seguimiento integrada por representantes del oficialismo, la oposición y el Ejecutivo, que deberá emitir informes trimestrales.
Desde el gobierno local remarcaron que la medida busca dar una respuesta urgente a una problemática estructural, mientras que la oposición advierte sobre posibles irregularidades y reclama mayor transparencia en su implementación.
Fuente y redacción de 7Paginas
