La resolución se fundamenta en la Ordenanza N° 34.698, que establece la importancia del principio de idoneidad en la contratación estatal. Según se detalla en el texto, ese principio se ve “seriamente comprometido” en este caso, ya que las firmas están involucradas en una investigación judicial por presuntas irregularidades y defraudaciones al erario público provincial, en el marco de la causa Murua, vinculada a la compra de alimentos para comedores escolares.
El documento legislativo aclara que si bien el Concejo Deliberante no tiene competencia en el proceso penal, sí le corresponde controlar la “legitimidad, razonabilidad y oportunidad” de la medida preventiva, la cual fue considerada “debidamente fundada”.
La suspensión tendrá carácter provisorio hasta que la justicia se expida. En caso de absolución, las empresas podrían ser reincorporadas al registro municipal, mientras que una eventual condena derivará en la exclusión definitiva.
Con esta decisión, el Concejo Deliberante acompaña la política de transparencia impulsada por el Ejecutivo municipal y garantiza que el Estado local no mantendrá vínculos comerciales con firmas bajo investigación judicial por delitos que afectan al patrimonio público.
