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Concordia: el desvío de fondos de comedores escolares sería de más de $100 millones en solo dos meses

En medio de una profunda crisis social y en una de las ciudades con mayores índices de pobreza del país, un nuevo escándalo sacude a Concordia y a la provincia de Entre Ríos: se investiga el presunto desvío de más de 100 millones de pesos que estaban destinados al funcionamiento de comedores escolares, entre los meses de marzo y abril de este año.
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La ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos, Verónica Berisso, ordenó el inicio de una información sumaria, y el expediente ya fue remitido a la Fiscalía de Estado para su análisis y posible intervención judicial.

Una funcionaria bajo sospecha

La principal señalada en esta presunta malversación es Silvina Murúa, quien hasta hace pocos días se desempeñaba como coordinadora de Comedores Escolares del departamento Concordia. La funcionaria fue desplazada de su cargo la semana pasada, luego de que una auditoría interna detectara irregularidades millonarias en la gestión de fondos públicos.

Paradójicamente, Murúa había denunciado en 2023 supuestos desmanejos en el área, pero las recientes investigaciones indicarían que habría sido ella quien cometía los delitos denunciados.

La auditoría que destapó el escándalo

El proceso de control fue iniciado el 3 de abril de este año por la Dirección de Comedores, dependiente de la Secretaría de Gestión Social del Ministerio de Desarrollo Humano, como parte de un “procedimiento de rutina”. La auditoría detectó anomalías en 37 escuelas del departamento Concordia, en el período comprendido entre marzo y abril.

Según el documento oficial, la diferencia entre los fondos asignados y los alimentos efectivamente adquiridos por los comedores escolares asciende a $103.738.136, una cifra alarmante en un contexto de crisis alimentaria creciente.

Transparencia bajo la lupa

La resolución ministerial señala que se abrió una información sumaria “con la intención de precisar si existen responsabilidades civiles, patrimoniales, administrativas u otras”. Desde el área legal del ministerio, se consideró que están dadas las condiciones para avanzar en una investigación profunda sobre lo sucedido.

Desde la Dirección de Comedores también expresaron que “en función de velar por la transparencia y el cuidado de los recursos públicos”, se tomó esta decisión para determinar las responsabilidades correspondientes.

El caso genera indignación pública, especialmente en un contexto en el que muchas familias dependen de los comedores escolares como única fuente de alimentación diaria para sus hijos.

Se espera que en los próximos días, el avance de la investigación arroje mayores precisiones sobre los hechos y posibles imputaciones.

Con información de Análisis

Redacción de 7Paginas