Lo que inicialmente comenzó como la tramitación judicial de una causa por amenazas terminó exponiendo un preocupante entramado delictivo que combinaba la tenencia ilegal de armas de fuego, municiones de uso de guerra y el fraccionamiento de sustancias prohibidas. El operativo se concretó en la zona centro-este de la ciudad y estuvo a cargo de las fuerzas de prevención locales.
La investigación se inició a partir de la denuncia formal de un ciudadano que manifestó haber sido víctima de severas intimidaciones. Tras las primeras tareas de inteligencia y recolección de pruebas de campo, la Justicia consideró que existían elementos suficientes para avanzar con una requisa domiciliaria, por lo que el Juzgado de Garantías de Concordia libró la correspondiente orden de allanamiento.
Efectivos de la Sección Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental fueron los encargados de cercar e irrumpir en la finca señalada. Si bien los uniformados buscaban elementos relacionados directamente con la causa de amenazas, la requisa de las distintas dependencias de la vivienda arrojó resultados que agravaron de inmediato la situación procesal de los investigados.
Según datos aportados a 7Paginas, el personal policial logró detectar y poner a resguardo un peligroso arsenal y evidencias de comercialización de estupefacientes:
Armamento: Se procedió al secuestro de un revólver calibre .22 largo.
Municiones pesadas: Se incautaron tres cartuchos antiaéreos calibre 12.7, catalogados técnicamente y por ley como materiales de uso exclusivo de guerra.
Narcotráfico: Se hallaron varios envoltorios que contenían cocaína y marihuana, acompañados por una balanza digital de precisión utilizada habitualmente para el pesaje y fraccionamiento de las dosis.
Intervención judicial y nuevas imputaciones
Ante la contundencia de los elementos hallados en el inmueble, los secuestros fueron formalmente inventariados y remitidos a los depósitos judiciales bajo cadena de custodia.
El resultado del procedimiento fue comunicado de inmediato a las autoridades judiciales en turno, quienes dispusieron abrir nuevas líneas de imputación independientes de la causa original por amenazas. Los involucrados afrontarán ahora cargos penales por la presunta infracción a la Ley de Narcomenudeo y por la tenencia ilegal de arma de fuego y munición de guerra sin la debida autorización de los organismos de control nacional.
