El fallo, dictado por la jueza Mariela Emilce Rojas, homologó un acuerdo de juicio abreviado y estableció distintas penas para los acusados. El principal condenado fue Wilber Figueroa Lagos, de nacionalidad peruana, quien recibió seis años de prisión y una multa superior a los 9 millones de pesos por el delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas. Además, fue declarado reincidente.
La organización operaba desde la cárcel
La investigación se inició en junio de 2023 a partir de informes elaborados por Gendarmería Nacional Argentina, que permitieron detectar una red dedicada a proveerse de droga en Buenos Aires para luego distribuirla en distintas ciudades entrerrianas.
Las tareas investigativas incluyeron escuchas telefónicas, seguimientos y trabajo de campo que permitieron determinar que Figueroa Lagos dirigía las operaciones desde la Unidad Penal N°1 de Paraná, donde se encontraba detenido en el pabellón federal 16 bis.
Según se estableció, la organización utilizaba “mulas” que trasladaban la droga en transporte público hacia distintos puntos de la provincia.
El operativo que permitió desarticular la red
El punto clave de la causa ocurrió el 29 de noviembre de 2023 sobre la Ruta Nacional 14, cuando fue interceptado un ómnibus en el que viajaba Jhoanna Heydi Medrano Mendoza. Durante el procedimiento se constató que transportaba más de un kilo de cocaína adherido a su cuerpo mediante una faja.
A partir de ese procedimiento se logró reconstruir la estructura de la organización y establecer los distintos roles dentro del circuito de comercialización.
Las condenas
En el marco del acuerdo de juicio abreviado, el tribunal dispuso las siguientes penas:
Wilber Figueroa Lagos: seis años de prisión y multa superior a 9 millones de pesos, como autor del delito de comercio de estupefacientes agravado.
Marta Susana Páez, de Concepción del Uruguay: cinco años de prisión por distribuir y vender la droga que obtenía el cabecilla.
Jhoanna Heydi Medrano Mendoza, de Buenos Aires: cuatro años de prisión como partícipe secundaria.
Cristian Alberto Domínguez: dos años de prisión de ejecución condicional por participación secundaria en la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Los imputados reconocieron su participación en los hechos, lo que permitió avanzar con el acuerdo de juicio abreviado y evitar la realización de un debate oral.
Absolución por estado de necesidad
Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia fue la absolución de E.M.S., quien había realizado viajes transportando droga para la organización.
La jueza aplicó una perspectiva de género y consideró acreditado un “estado de necesidad exculpante”. Según se estableció en el fallo, la mujer es madre joven, tiene hijos menores a su cargo, fue víctima de violencia de género, carecía de red de contención y atravesaba graves problemas de salud mental.
En ese contexto, el tribunal concluyó que su capacidad de autodeterminación estaba fuertemente condicionada por la precariedad económica y la necesidad de subsistencia, por lo que se resolvió eliminar el reproche penal sobre su conducta y dictar su absolución.
Con información de Analisis
