La investigación les atribuyó múltiples hechos de concusión agravada y tráfico de influencias. Según el expediente, Sáenz utilizó su cargo para presionar a empleados municipales, exigiéndoles parte de sus salarios para asegurar la continuidad de sus contratos laborales. La denuncia inicial de una de las víctimas permitió avanzar con pruebas documentales, testimonios y registros de transferencias bancarias que consolidaron la acusación.
Admisión de culpabilidad
En el marco del procedimiento abreviado, tanto Sáenz como Gómez reconocieron los hechos imputados y aceptaron la calificación legal, así como la pena acordada. La confesión quedó asentada exclusivamente para esta vía procesal, según lo detallado en el acuerdo firmado por las partes.
Pena e inhabilitación perpetua
La sentencia determinó una condena de 3 años de prisión condicional y una multa de 1.500.000 pesos para cada uno. Además, se les impuso la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer funciones públicas, una sanción que se sostiene como una de las más severas en este tipo de delitos vinculados al abuso de poder.
Durante tres años deberán cumplir las reglas de conducta previstas en el artículo 27 bis del Código Penal, que incluyen:
Mantener informada su residencia.
Abstenerse de consumir estupefacientes o abusar del alcohol en lugares públicos.
Ejercer un oficio o actividad acorde a sus capacidades.
Realizar 150 horas de trabajo comunitario durante los primeros dos años.
Presentarse cada cuatro meses ante la Oficina de Medios Alternativos para acreditar el cumplimiento de estas condiciones.
Una maniobra sistemática
De acuerdo con la acusación, la exconcejal reclamaba a trabajadores municipales un porcentaje de sus salarios a cambio de gestionar la renovación de sus contratos. Este esquema se habría sostenido durante varios años, involucrando a múltiples empleados en situación de vulnerabilidad laboral.
Con información de El Entre Ríos.
Redaccion de 7Paginas
