La audiencia se realizó este martes 23 de junio y estuvo presidida por el juez de Garantías sustituto, Alfredo Emanuel Aguirre. La acusación fue impulsada por el fiscal subrogante Ricardo López Ruíz, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Mocoretá.
El imputado, identificado como el Cabo Primero Lizazoain, compareció asistido por sus defensores, los abogados Eduardo Ireneo Ayala Ortiz y Leandro Argento Brommer.
El hecho investigado
De acuerdo a la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 12 de septiembre de 2025, alrededor de las 10:35 horas, en el Puesto de Control Vial ubicado sobre la Autovía Gervasio Artigas, a la altura del kilómetro 343,5 de la localidad de Mocoretá.
Según la investigación, el funcionario policial detuvo a un conductor que circulaba en un automóvil Chevrolet y, abusando de su función pública, le exigió el pago de una supuesta infracción de tránsito.
La víctima, identificada con las iniciales D.D.T., realizó una transferencia de 50.000 pesos a una cuenta personal de Mercado Pago perteneciente al efectivo policial, creyendo que se trataba de una multa legítima.
Para la fiscalía, la conducta encuadró en el delito de exacciones ilegales, previsto y reprimido por el artículo 266 del Código Penal Argentino.
Acuerdo abreviado y condena
Durante la audiencia, el magistrado verificó que el acusado comprendiera plenamente los alcances del acuerdo, las pruebas reunidas en la investigación y las consecuencias jurídicas derivadas de la aceptación de responsabilidad.
Tras constatar que el consentimiento había sido prestado de manera libre y voluntaria, el juez homologó el acuerdo de juicio abreviado y dictó la correspondiente condena.
La sentencia estableció una pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional, por lo que el efectivo no irá a prisión siempre que cumpla con las condiciones impuestas por la Justicia.
Multa e inhabilitación
Además de la condena en suspenso, el juez Aguirre impuso un año de inhabilitación especial para ejercer funciones vinculadas al cargo y una multa de 100.000 pesos.
Asimismo, el condenado deberá cumplir durante dos años con las reglas de conducta previstas en el artículo 27 bis del Código Penal, bajo supervisión judicial.
El caso generó repercusión en la región debido a que involucra a un integrante de la fuerza policial que, según quedó acreditado en la causa, utilizó su condición de funcionario público para obtener un beneficio económico indebido a costa de un conductor que transitaba por uno de los principales corredores viales del noreste argentino.
Ctes hoy
Redaccion de 7Paginas
