El pronunciamiento ratifica la postura que el propio tribunal ya había adoptado el 27 de noviembre último, cuando declaró “mal concedidos” los recursos de casación habilitados por la vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, María Carolina Castagno. Según Casación, los planteos defensivos no eran recurribles en la etapa procesal en la que fueron presentados y, por lo tanto, no debieron haber llegado ni al Tribunal de Juicios y Apelaciones ni a la instancia extraordinaria.
Los recursos rechazados habían sido interpuestos por un amplio grupo de abogados defensores que representan a varios de los imputados, entre ellos Emilio y Germán Fouces, Iván Vernengo, Damián Petenatti, Tomás Vírgala, José Raúl Velázquez, Agustín Fontana y Miguel Cullen, entre otros. Las presentaciones cuestionaban una resolución dictada el 5 de septiembre de 2025 y contenían una extensa batería de planteos: nulidades del requerimiento de remisión a juicio, exclusiones probatorias, pedidos de subsanación de defectos de la acusación, cambios de calificación legal y solicitudes de sobreseimiento.
Si bien Castagno había habilitado a las defensas a recurrir su decisión, la Cámara de Casación entendió que se trataba de resoluciones expresamente irrecurribles, en función de la etapa del proceso y de lo dispuesto por el Código Procesal Penal. En consecuencia, rechazó la impugnación extraordinaria y consolidó un nuevo revés judicial para los imputados, que ven frustrada una vez más la estrategia de frenar o dilatar el avance de la causa.
La causa Contratos Truchos investiga una maniobra de presunto saqueo sistemático de fondos públicos de la Legislatura entrerriana, a través de la suscripción masiva de contratos de obra con personas que no prestaban servicios reales al Estado y que percibían solo una parte mínima de los montos, quedando el resto en manos de la organización investigada. Según el Ministerio Público Fiscal, el perjuicio económico ascendería a más de 4.900 millones de pesos a valores actualizados.
En la actualidad, el proceso continúa en la etapa previa a la remisión a juicio oral y público. De los 32 imputados originales, el número se redujo sensiblemente debido a sobreseimientos y acuerdos abreviados, aunque todavía una parte significativa deberá enfrentar el debate oral. Las recientes resoluciones de Casación refuerzan la continuidad del expediente y acotan, por ahora, las posibilidades de las defensas de revertir el rumbo de una de las causas de corrupción más resonantes de la historia judicial de Entre Ríos.
La lista de los que ya zafaron de la megacusa y están próximo a hacerlo es la siguiente:
Los beneficiados
1) Renato Jesús Mansilla, pagará $5,4 millones en el plazo de 2 años y medio.
2) Nicolás Beber, $4 millones en cuotas, durante dos años y medio.
3) Verónica Caíno, $5, en el mismo plazo que el resto.
4) Fernando Gaston Sarnaglia, $1,8 millones, en cuotas durante dos años y medio.
5) Alejandro Ruben Ferreyra, $1.096.000 en dos años y medio.
6) María Victoria Alvarez, $750 mil, en dos años y medio.
7) María Macarena Alvarez, $590 mil, en dos años y medio.
8) Andrea Noemi Beatriz Demartin, $850 mil, en dos años y medio.
9) María Jazmin Mena Gioveni, $1.500.000 en un plazo de dos años y medio.
10) Viviana Giselle Mena Gioveni, $760 mil en un plazo de dos años y medio.
11) Juan Pablo Balladares, $1.500.000 en dos años y medio.
12) Guido Krapp. $10.000.000 en dos años y medio.
13) Esteban Scialocomo (juicio abreviado).
14) Gustavo Falco, sobreseimiento.
15) Esteban Scialocomo, abreviado, 3 años de prisión condicional, el pago de $6 millones y una multa de $90 mil.
En el pedido de remisión de la causa a juicio, había distintos pedidos de penas para un listado de personas que ya no es tal.
Cuando se remitió la causa a juicio, en 2021, el listado de penas pedidas por Fiscalía fueron las siguientes:
Penas
Para el exadministrador del Senado, Gustavo Pérez, los fiscales piden 18 años de prisión.
Para Juan Domingo Orabona, 7 años de cárcel.
Para Jorge Fabián Lázzaro, 5 años.
En el caso del exadministrador de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso, fiscalía pide 12 años de prisión.
Para el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, 1 6 años.
Para el cuñado de Aguilera, Alejandro Almada, 10 años.
Para Alfredo Bilbao, 12 años de prisión.
Para Roberto Ariel Faure, 9 años.
Para Hugo Mena, 10 años.
Flavia Beckman, esposa de Mensa, 7 años y 6 meses.
Para Esteban Scialocomo, 7 años.
Para Verónica Caíno, María Jazmín Mena Gioveni, Viviana Mena Gioveni, Andrea Noemí Beatriz Demartin, María Victoria Álvarez, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Alejandro Rubén Ferreyra y Jorge Pablo Balladares, 3 años de prisión.
Para Pedro Eduardo Opromolla, 6años de prisión.
Guido Daniel Krapp y Renato Jesús Mansilla, 5 años.
Nicolás Beber, 3 años.
Hernán Javier Díaz, 3 años.
Maximiliano Degani, 3 años.
Marta Aurora Pérez, 3 años.
Mariano Speroni, 2 años.
Diego Pagnoni, 2 años.
Jorge Enrique De Breuil, 6 años.
Javier Schneider, 3 años y 6 meses.
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Redaccion de 7Paginas
