Los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull, Gonzalo Badano y Facundo Barbosa formalizaron las imputaciones contra el intendente y Marcelo Fernando Medina. La investigación incluye una presunta designación ilegal, el ocultamiento de expedientes del Tribunal de Cuentas y posibles perjuicios económicos al municipio. Ambos deberán presentarse a declarar en noviembre.
El intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, y el funcionario municipal Marcelo Félix Fernando Medina fueron imputados este jueves por una serie de presuntos delitos vinculados con la administración pública. La decisión fue adoptada por los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull, Gonzalo Badano y Facundo Barbosa, en el marco de una investigación que involucra el nombramiento de un funcionario sin título habilitante y el presunto ocultamiento de expedientes que documentaban irregularidades administrativas.
La causa, identificada como legajo N.º 285.545 y caratulada “Municipalidad de Santa Elena s/Actuaciones de oficio”, tiene entre sus principales ejes la designación de Medina como contador municipal en 2015 y la desaparición de documentación del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos relacionada con operaciones que habrían ocasionado perjuicios económicos a las arcas municipales.
Según la imputación fiscal, a Rossi se le atribuye el presunto delito de nombramiento ilegal de cargo público e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real, por haber designado a Medina como contador municipal sin que reuniera las condiciones legales para ejercer esa función.
En tanto, Medina fue imputado por aceptación ilegal de cargo público e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real.
Pero la investigación no termina allí. Al intendente también le atribuyen presuntos delitos de violación de medios de prueba y supresión de documentos públicos, agravados por su condición de funcionario, en concurso ideal, además de fraude a la administración pública por el ocultamiento de expedientes.
Se trata de imputaciones que deberán ser examinadas en el avance del proceso judicial y que, por sí mismas, no constituyen una declaración de culpabilidad.
El contador que no sería contador
Uno de los ejes de la causa es la designación de Marcelo Fernando Medina como contador municipal de Santa Elena mediante el Decreto N.º 305, firmado el 30 de septiembre de 2015.
De acuerdo con la hipótesis de los fiscales, Medina no contaba con el título profesional habilitante para ocupar ese cargo. La situación se habría mantenido, al menos, hasta junio de 2026.
La investigación también apunta al incumplimiento de las exigencias establecidas por la Ley Provincial N.º 10.027, que regula el funcionamiento de los municipios entrerrianos.
El caso adquiere mayor relevancia a partir de las observaciones que, según los antecedentes incorporados a la investigación, realizó el Tribunal de Cuentas sobre la organización administrativa de la Municipalidad de Santa Elena.
Un informe de auditoría de 2025 habría detectado que los cargos de contador y tesorero municipal carecían, desde 2011, del acuerdo del Concejo Deliberante exigido por la normativa. También habría advertido que ninguno de los funcionarios tenía constituida la fianza legal obligatoria.
Los auditores cuestionaron, además, que el área de Contaduría estuviera a cargo de un auxiliar sin título profesional habilitante. Según ese análisis, la falta de los requisitos legales no constituiría una mera formalidad pendiente, sino una situación de gravedad institucional.
La desaparición de expedientes del Tribunal de Cuentas
El segundo capítulo de la investigación es aún más delicado: el presunto ocultamiento de expedientes administrativos del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos.
De acuerdo con la imputación, el hecho habría ocurrido el 6 de diciembre de 2022, cuando Rossi recibió personalmente del entonces presidente del organismo de control una serie de actuaciones vinculadas con presuntos perjuicios económicos para el municipio y con la eventual responsabilidad de funcionarios públicos.
Los expedientes habrían quedado bajo custodia de la Municipalidad de Santa Elena, pero posteriormente no fueron encontrados, según los antecedentes de la causa.
La Fiscalía sostiene que el ocultamiento de esa documentación obstaculizó el seguimiento de las actuaciones administrativas y el esclarecimiento de las irregularidades que se investigaban.
Entre los expedientes mencionados aparecen actuaciones relacionadas con un convenio tributario con el local bailable Mora Disco Bar, la compra de maquinaria vial y una contratación para la provisión de hormigón.
Mora Disco Bar: un convenio bajo sospecha
Uno de los expedientes, identificado como N.º 05-2012, investigaba convenios celebrados por la Municipalidad de Santa Elena con representantes legales y apoderados del local bailable Mora Disco Bar.
Según los antecedentes del Tribunal de Cuentas, los acuerdos firmados el 5 de junio de 2010 y el 19 de octubre de 2011 habrían establecido una tasa mensual y excluido otros gravámenes previstos en la normativa vigente.
La investigación administrativa consideró que ese mecanismo habría generado beneficios indebidos e injustificados para los responsables del establecimiento, con un posible perjuicio para el patrimonio municipal.
También se cuestionó la emisión de un certificado de libre deuda fechado el 29 de noviembre de 2012. En ese documento se habría dejado constancia de que estaban pagadas las tasas correspondientes hasta julio de ese año y períodos anteriores, pese a que el local registraba una deuda municipal de $11.964.
La compra de una retroexcavadora y el presunto sobreprecio
Otro de los expedientes se refería a la adquisición directa de una máquina cargadora frontal y retroexcavadora marca XCMG, modelo XT-864, a la firma American Tape SRL.
La operación se concretó mediante el Decreto N.º 275/13, firmado por Rossi el 1 de octubre de 2013, por un monto de $547.638.
Según la investigación administrativa, el municipio habría pagado $51.138 más que el precio que el mismo oferente había presentado por la misma máquina en una licitación pública anterior, declarada desierta el 5 de agosto de 2013, apenas 55 días antes.
Las actuaciones del Tribunal de Cuentas buscaban determinar las responsabilidades por la diferencia detectada y el eventual perjuicio ocasionado a las arcas municipales.
Hormigón: aumento de precio y material que no habría sido entregado
La tercera investigación está relacionada con la licitación pública N.º 2 de 2013, convocada para la provisión y colocación de 1.000 metros cúbicos de hormigón H21.
El contrato había sido adjudicado a la firma Hormigones Cavenaghi por un precio de $950 por metro cúbico, con entregas parciales previstas.
Sin embargo, según los antecedentes del organismo de control, después de la tercera entrega la empresa habría aumentado unilateralmente el precio. Posteriormente, tampoco habría entregado 29 metros cúbicos de hormigón, pese a que el municipio habría aceptado el incremento y pagado por material que no recibió.
El perjuicio estimado en esas actuaciones ascendía a $105.880: $78.330 correspondientes al mayor precio abonado y $27.550 por el material faltante.
Estos antecedentes forman parte de las irregularidades administrativas que los fiscales buscan esclarecer y que, según la acusación, estaban documentadas en los expedientes que luego no pudieron ser localizados.
La investigación tropezó con la falta de documentación
La causa se originó en actuaciones iniciadas de oficio por la Fiscalía, luego de que el municipio no respondiera a requerimientos del Tribunal de Cuentas sobre distintas irregularidades detectadas.
Ante esa situación, el Ministerio Público Fiscal solicitó información al organismo de control para conocer el detalle de las observaciones realizadas sobre la administración municipal.
De acuerdo con los antecedentes del caso, cuando la Fiscalía intentó obtener la documentación, se encontró con dificultades para acceder a los expedientes. Los pedidos de informes no habrían tenido respuesta y, posteriormente, se dispuso una orden de presentación para requerir la entrega de los documentos.
Según lo relatado en los antecedentes periodísticos de la investigación, el abogado de Rossi, Carlos Reggiardo, se negó a entregar documentación invocando derechos de su representado. Luego se realizó un allanamiento en dependencias municipales, pero los expedientes buscados no fueron encontrados.
Más adelante, ante nuevos requerimientos formales, desde el municipio se habría respondido que la documentación no estaba en su poder.
La trayectoria de esos expedientes es un punto central para los fiscales: los documentos habían pasado por la Fiscalía de Estado, que sostuvo que, por la autonomía municipal, las actuaciones debían remitirse a la comuna. Según los antecedentes difundidos, se enviaron los originales y Rossi los recibió personalmente. Desde entonces, no habrían vuelto a aparecer.
La imputación por presunto ocultamiento de documentación busca determinar qué ocurrió con esos expedientes y si existió una maniobra destinada a impedir el avance de las investigaciones administrativas.
Las fechas de las indagatorias
En el marco de la investigación, los fiscales fijaron las fechas para que los dos imputados comparezcan a declarar.
Marcelo Fernando Medina: deberá presentarse el 27 de noviembre a las 11.
Domingo Daniel Rossi: fue citado para el 30 de noviembre a las 11.
Las declaraciones permitirán que ambos conozcan formalmente los hechos que se les atribuyen y ejerzan su derecho de defensa en el proceso.
La causa reúne, así, dos líneas de investigación que se conectan entre sí: por un lado, la presunta designación irregular de quien se desempeñaba como contador municipal y, por otro, la desaparición de expedientes que contenían observaciones sobre operaciones administrativas y posibles daños al patrimonio público.
El avance de la investigación judicial deberá establecer las responsabilidades que correspondan y determinar si las irregularidades detectadas por el organismo de control constituyen los delitos que les atribuye el Ministerio Público Fiscal.
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