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Cresto propone foros de participación ciudadana para debatir la reforma del Código Procesal Penal en Entre Ríos

El diputado provincial Enrique Cresto presentó un proyecto de Resolución solicitando al Poder Ejecutivo de Entre Ríos la conformación de foros de participación ciudadana para el tratamiento de la reforma del Código Procesal Penal. La propuesta apunta a generar un debate amplio y democrático, integrando a distintos actores del sistema judicial y a la ciudadanía, con el fin de garantizar una reforma con solidez técnica y consenso social.
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Redacción 7Paginas

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La iniciativa surge en el marco del reciente anuncio del Senado entrerriano sobre el retiro del proyecto de reforma procesal penal impulsado por el Ejecutivo, con la intención de redactar una nueva propuesta que represente una actualización normativa más equitativa y contemple las demandas de justicia de toda la sociedad.

Cresto remarcó la importancia de que las reformas legales no se construyan solo en los despachos legislativos, sino que cuenten con la voz de quienes intervienen diariamente en el sistema judicial. Por ello, propone abrir el debate a profesionales de la abogacía, jueces, fiscales, trabajadores judiciales, asociaciones de víctimas, comisarías departamentales, y otros espacios vinculados.

“La participación ciudadana en los procesos judiciales y la administración de justicia penal se ha vuelto una práctica cada vez más reconocida en todo el mundo, como lo demuestra la incorporación del juicio por jurado en diversos sistemas judiciales”, fundamenta el legislador. Y agrega, citando al experto Luis Pásara, que el principal problema radica en la desconexión entre las necesidades sociales de justicia y el sistema que debe garantizarla.

El proyecto plantea que los foros se desarrollen en las distintas jurisdicciones del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, utilizando los espacios de los Institutos Penales, Juzgados de Garantías, Unidades Fiscales, entre otros.

Según Cresto, el análisis colectivo y el intercambio plural permitirán construir normas que no solo tengan validez legal, sino también legitimidad social. “Un servicio de justicia eficaz se construye con participación, con debate, y con la voz de todos los sectores involucrados”, concluyó.