CRUSA, que fue concesionaria del Corredor Vial N°18 entre 1993 y 2025, aclaró que la prórroga de un año en su contrato de concesión no fue otorgada para sanear su situación financiera, tal como sostuvo Vialidad, sino debido a que la empresa estatal Corredores Viales S.A. manifestó no estar en condiciones de asumir la operación del corredor en tiempo y forma.
Fundamentos jurídicos y contradicciones oficiales
En la nota remitida a la redaccion de 7Paginas, la empresa basó su desmentida en la resolución RESOL-2024-144-APN-DNV#MINF, emitida por la propia DNV, que expresa claramente:
“No existiendo operadores en condiciones de asumir la prestación de los servicios, y a fin de garantizar la operatividad y servicios al usuario, resulta necesario hacer uso de la facultad establecida en la cláusula cuarta del contrato de concesión”.
CRUSA remarcó que en ningún documento oficial se afirma que la extensión contractual tuviera como fin permitirle “elaborar planes de acción” o reunir fondos para el pago de indemnizaciones. Por el contrario, indicó que fue la falta de previsión del Estado Nacional la que forzó la continuidad de la concesión.
Reclamos por tarifas y promesas incumplidas
Durante el último año de gestión, la empresa había solicitado ajustes tarifarios urgentes, argumentando que las tarifas vigentes eran insuficientes para operar en condiciones normales. Si bien se prometió una suba acorde, CRUSA denunció que la DNV incumplió lo acordado, otorgándole apenas la mitad del incremento concedido a Corredores Viales S.A., y con un retraso de dos meses.
Además, la empresa reclamó que no se aplicaron los aumentos previstos para febrero y marzo de 2025, de acuerdo con la resolución RS-2024-388-APN-DNV%MEC. “Estos incumplimientos impactaron directamente en nuestra capacidad operativa y financiera”, señalaron.
Fondo de contingencia y supervisión judicial
CRUSA también destacó que, pese al complejo panorama, había constituido un fondo de contingencia destinado a cubrir las indemnizaciones del personal al cierre de la concesión. En 2019, dicho fondo alcanzaba un valor equivalente a 6.300 millones de pesos actualizados. Sin embargo, debido al “sistemático incumplimiento” del contrato por parte del Estado, la empresa se vio obligada a utilizar ese fondo para garantizar el pago de sueldos y la operación diaria del corredor.
Asimismo, recordaron que desde 2023 CRUSA se encuentra en concurso de acreedores, bajo supervisión del Juzgado Comercial y una sindicatura profesional, lo que garantiza el control exhaustivo de su gestión económica.
Conclusión
Para la empresa concesionaria, las afirmaciones de Vialidad Nacional “carecen de sustento y contradicen la documentación oficial existente”. En ese sentido, exigieron responsabilidad institucional y respeto a los hechos documentados en resoluciones firmadas por la propia DNV.
“Hemos cumplido con lo acordado. Exigimos lo mismo de parte del Estado. Las afirmaciones públicas de Vialidad no sólo dañan nuestra reputación, sino que tergiversan la verdad”, concluye el comunicado emitido por CRUSA.
