Tal lo informado oportunamente por 7Paginas, todo se inició cuando agentes de la Guardia Urbana —dependientes de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana— advirtieron maniobras irregulares por parte de empleados municipales, quienes presuntamente sustraían bidones de aceite en lo que se conoce como “robo hormiga”. La situación fue denunciada y derivó en una investigación que terminó con un allanamiento policial.
El operativo, llevado adelante por la Policía de Entre Ríos en una vivienda de la ciudad, permitió recuperar cuatro bidones de aceite, pero además reveló un hallazgo mucho más grave: varias armas de fuego y abundante munición. Entre los elementos secuestrados se encontraban revólveres, una pistola, una carabina y proyectiles de distintos calibres.
Como resultado, fueron detenidos un empleado municipal de 32 años y su padre, de 62, ambos imputados por tenencia ilegítima de armas.
Reconocimiento al personal
Tras el procedimiento, el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Claudio Purgart, destacó el accionar del personal que permitió descubrir la maniobra. “Es para resaltar el compromiso, la entrega y la vocación de servicio de quienes trabajan diariamente en la protección de los bienes municipales”, expresó.
Además, remarcó la importancia del trabajo articulado con la Policía, subrayando que estas acciones fortalecen la prevención y contribuyen a una ciudad “más segura y ordenada”.
Un hallazgo que abre interrogantes
Más allá del hecho puntual, el caso generó preocupación por la magnitud de lo encontrado. Según trascendió, la documentación para la tenencia de las armas estaba vencida, lo que convierte automáticamente la posesión en ilegal.
A esto se suma otro dato sensible: la presencia de munición de calibres que no son de comercialización libre, lo que abre interrogantes sobre su procedencia y posibles circuitos irregulares.
En este contexto, la investigación judicial deberá avanzar para determinar no solo responsabilidades penales, sino también el origen del armamento.
Impacto en el ámbito municipal
El episodio también repercute puertas adentro del municipio. De acuerdo a datos recogidos por 7Paginas, el Ejecutivo avanzaría con la suspensión preventiva del empleado involucrado por 45 días sin goce de haberes, a la espera del avance de la causa. En caso de una eventual condena, podría perder su puesto laboral.
El hecho se suma a una serie de situaciones recientes vinculadas a irregularidades en el Corralón Municipal, lo que vuelve a poner en debate las condiciones de algunos empleados y los mecanismos que se utilizaron para ingresar al estado municipal.
Más que un hecho policial
Lo ocurrido trasciende el plano policial. La combinación de un delito menor con el hallazgo de armas, la participación de un empleado público y las posibles fallas en los controles internos expone una problemática más amplia.
Mientras la Justicia continúa con las diligencias, el caso deja planteadas preguntas de fondo sobre la necesidad de reforzar los controles, garantizar transparencia en la administración pública y prevenir situaciones que generan alarma social.
