El proceso de decomiso de bienes de los condenados Sergio Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exministro de Gobierno Pedro Báez entra en su etapa de ejecución, luego de que la Justicia dejara firmes las condenas dictadas en el marco de la megacausa de corrupción que conmocionó a Entre Ríos.
El fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes, precisó los alcances del procedimiento y explicó que la intervención de la Fiscalía de Estado estará circunscripta al aspecto patrimonial de la sentencia.
Según detalló el funcionario, una vez que el tribunal actuante comunique formalmente la resolución, la Fiscalía de Estado avanzará con la ejecución en conjunto con la Escribanía Mayor de Gobierno. Se trata de un mecanismo que ya fue utilizado en Entre Ríos a partir de condenas dictadas en otras causas, entre ellas las correspondientes a Yedro, Righelato, Pacayut, Taleb y Rodríguez.
El destino de los bienes quedará en manos del Ejecutivo
Uno de los aspectos centrales de la ejecución será determinar qué ocurrirá con los inmuebles y demás bienes alcanzados por el decomiso.
Rodríguez Signes explicó que, al no haber establecido la sentencia un destino específico para los activos recuperados, será el Poder Ejecutivo provincial el encargado de definir su utilización.
En los antecedentes existentes, los bienes decomisados quedaron a disposición del Gobierno provincial y posteriormente fueron reasignados a distintas reparticiones públicas o a fuerzas de seguridad, entre ellas la Policía de Entre Ríos.
De esta manera, una vez concretada la incorporación de los bienes al patrimonio provincial, será el gobernador Rogelio Frigerio quien determine el destino que tendrán los activos recuperados.
Analizan si el decomiso alcanza para cubrir el perjuicio
Otro de los puntos que se encuentra bajo análisis es el monto económico que deberá recuperarse como consecuencia del perjuicio ocasionado por los hechos que fueron materia de condena.
El fiscal de Estado explicó que el daño patrimonial había sido determinado originalmente en pesos actualizables. En ese marco, la Fiscalía analiza si los bienes alcanzados por el decomiso resultan suficientes para cubrir la totalidad del perjuicio establecido judicialmente.
En caso de que el decomiso no absorba la totalidad del daño, podría corresponder el inicio de acciones resarcitorias complementarias, teniendo en cuenta los distintos hechos independientes que fueron juzgados dentro de la causa.
Las jubilaciones no serán afectadas
En el plano previsional, Rodríguez Signes confirmó que las jubilaciones que perciben Sergio Urribarri y Pedro Báez no sufrirán modificaciones como consecuencia de las condenas y del proceso de decomiso.
El funcionario explicó que se trata de derechos de carácter personal y, por lo tanto, no forman parte del patrimonio alcanzado por la ejecución de la sentencia.
Distinta es la situación de Juan Pablo Aguilera respecto del cargo que ocupaba en el Senado de Entre Ríos. La Cámara alta deberá disponer la baja administrativa correspondiente una vez que se ejecute la inhabilitación para ejercer cargos públicos establecida en la condena.
Condenas firmes
La definición patrimonial se produce luego de la resolución de la cuestión penal. Tras el rechazo de los recursos presentados por las defensas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quedaron firmes las condenas contra los tres dirigentes.
Sergio Urribarri fue condenado a ocho años de prisión efectiva, mientras que Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera recibieron penas de seis años de prisión.
Con la firmeza de las sentencias comenzó la ejecución de las penas y, paralelamente, el proceso destinado a hacer efectivo el decomiso de los bienes alcanzados por la resolución judicial.
Ahora, la Fiscalía de Estado y la Escribanía Mayor de Gobierno deberán avanzar con la instrumentación administrativa, mientras que el Ejecutivo provincial tendrá posteriormente la responsabilidad de definir qué destino tendrán los bienes que finalmente sean incorporados al patrimonio del Estado entrerriano.
