Tal lo informado en su momento por 7Paginas, el procedimiento fue realizado por funcionarios de la Comisaría Séptima, acompañados por personal técnico de la Cooperativa Eléctrica. Durante el operativo se constató una conexión ilegal desde un transformador hasta el predio, y se procedió al secuestro de más de 1.000 metros de cables subterráneos, los cuales se encontraban energizados al momento de la intervención, generando un grave riesgo para el personal actuante y los trabajadores del lugar.
Vecinos y empresarios afectados por la conexión clandestina
Según testimonios recabados por un cronista de 7Paginas, otros aserraderos y comercios de la zona señalaron que esta conexión ilegal generaba frecuentes bajones de tensión, afectando su actividad cotidiana y ocasionando problemas técnicos constantes. “Hace tiempo que venimos padeciendo estos inconvenientes y ahora entendemos el motivo”, expresaron indignados.
La Cooperativa exige una investigación a fondo
Desde la Cooperativa Eléctrica informaron a 7Paginas, que solicitarán a la Justicia que se investigue el origen de los materiales utilizados en la maniobra delictiva, y reclamaron que se actúe “hasta las últimas consecuencias” para sancionar a los responsables. Advirtieron que este tipo de delitos no sólo afectan económicamente al sistema, sino que ponen en riesgo la vida de trabajadores y vecinos.
Penas de hasta seis años de prisión
El robo de energía está contemplado en los artículos 162 y 164 del Código Penal Argentino, y las penas pueden ir desde un mes hasta seis años de prisión, según la gravedad del hecho. Además, las conexiones clandestinas pueden provocar incendios o descargas eléctricas fatales, lo que agrava el delito.
Facilidades para acceder legalmente al servicio
La Cooperativa recordó que ofrece facilidades de pago para regularizar deudas y asistencia a personas de bajos recursos. Para realizar una conexión legal es necesario presentar el DNI, un comprobante de posesión del inmueble y un certificado de instalación eléctrica emitido por un electricista matriculado, visado por la Municipalidad de Concordia.
“Estos hechos no sólo representan un perjuicio económico para toda la comunidad, sino también un atentado contra la seguridad pública. Seguiremos trabajando para garantizar un servicio seguro, equitativo y legal para todos los vecinos”, afirmaron desde la Cooperativa.
La causa penal quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que continuará con la investigación para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes
