La situación de más de 200 familias que habitan en La Pampa Soler, en la zona norte de Concordia, se encuentra en un momento crítico. La justicia ha dictaminado el desalojo para el próximo 16 de diciembre, mientras el municipio intenta llegar a un acuerdo con los propietarios para evitarlo.
Carlos López, uno de los vecinos afectados, relató al programa Zona de Opinión cómo llegaron a esta situación. Según López, hace 14 años el entonces intendente, Gustavo Bordet, prometió una expropiación que permitiría a las familias pagar una cuota por los terrenos. Sin embargo, el proceso nunca se concretó y, años después, se encontraron con un juicio de desalojo en su contra.
Propuesta de las familias
López detalló que actualmente los vecinos están dispuestos a pagar por los terrenos y aseguró que entre el 80% y 90% de las familias tienen la capacidad económica para hacerlo. «Los vecinos me dicen que podrían pagar entre 40 y 50 mil pesos por mes. Calculamos que con 600 familias podríamos juntar unos 30 millones de pesos al mes», afirmó.
Las negociaciones entre el municipio y los abogados de los propietarios continúan, y este viernes se espera una respuesta definitiva sobre el futuro de estas familias.
Complicidad y denuncias
López también lanzó graves acusaciones contra los propietarios y el exintendente Bordet. Según su versión, los dueños habrían permitido la ocupación de los terrenos, que eran inicialmente zonas bajas e inhabitables, con la intención de urbanizarlos a través del trabajo de las familias y luego iniciar acciones legales para obtener mayores beneficios. «Esto era un bañado. Nosotros rellenamos y pusimos todo en condiciones», aseguró.
Asimismo, denunció que los propietarios han colocado precios excesivos cada vez que se les ha propuesto la compra de los terrenos, lo que considera un intento deliberado por no llegar a acuerdos.
Condiciones precarias y temor al desalojo
Las familias enfrentan condiciones difíciles: no tienen red de cloacas, el suministro eléctrico es comunitario y muchas viviendas están conectadas de manera precaria. Además, viven bajo la amenaza constante del desalojo, lo que genera angustia y tensión en los vecinos.
«Es difícil vivir con una intimación de desalojo y que el pueblo te vea como usurpador, cuando en realidad fue el municipio el que nos permitió estar aquí», expresó López. También denunció que personas vinculadas a la oposición política están agitando a los vecinos para generar caos social y entorpecer las negociaciones.
A pesar de las tensiones, López llamó a evitar las manifestaciones que podrían dificultar los avances en las conversaciones. «Hacer cortes de ruta o manifestaciones en la municipalidad no ayuda. Aunque es difícil sostener la calma cuando el miedo al desalojo está presente», concluyó.
El desenlace de esta situación se definirá en los próximos días, mientras más de 200 familias esperan con incertidumbre una solución que les permita conservar sus hogares.
Redacción de 7Paginas
