A las horas, un móvil policial se presentó en la casa de quien sería una empleada del comerciante, con un agente policial que le indicaba algo que el mismo detenido había requerido. La mujer se contactó con la fiscal Gisela Muñiz para consultar si estaba bien ese requerimiento que le llegaba con un móvil policial en su casa, preguntándole “si subía al móvil o no”. El llamado alertó a la referente de la Justicia y quedó develado que no había una orden judicial ni una disposición de los superiores policiales para tal situación.
De inmediato, se ordenó un procedimiento en la dependencia policial. Hay dos funcionarios policiales imputados “por mal ejercicio de sus funciones” y otros cuatro involucrados en la investigación.
“Es una grave irregularidad policial, realizaron un procedimiento sin orden superior, sin avisar a la Fiscalía. El detenido no está incomunicado. Si cualquier detenido tiene una enfermedad o toma medicación se la provee. Si es necesario llevarlo al hospital se lo hace”, dijo la fiscal, dejando en claro que lo que había solicitado el detenido era “otro tipo de elementos”.
“Dio la orden a un funcionario que vaya a la casa de una persona que no es familiar, la subieron a un móvil policial y la llevaron a Jefatura, sin una orden (…) No puede pasar en ningún lugar del país. En 28 años de funciones no me ha pasado algo así”, dijo la fiscal en declaraciones a Radio de la Ciudad sobre un investigación que está en marcha y que involucra a funcionarios policiales.
