A través de un comunicado oficial, la administración provincial informó que la resolución judicial cuestiona de manera provisoria la implementación del nuevo esquema de provisión alimentaria, aunque aclaró que no constituye un fallo definitivo sobre el fondo de la controversia.
Desde la Fiscalía de Estado señalaron que la legalidad del sistema impulsado por la Provincia aún no fue analizada por la Justicia y será objeto de debate durante el desarrollo del proceso judicial.
Además, recordaron que el plazo para responder la demanda vence recién este viernes, por lo que la causa se encuentra en una etapa inicial.
La Provincia presentará la apelación
El Ejecutivo entrerriano adelantó que hará uso de los recursos previstos por la legislación vigente para impugnar la medida cautelar.
En ese sentido, informó que presentará los argumentos técnicos y jurídicos que, según sostiene, respaldan el nuevo sistema de provisión alimentaria implementado para los comedores escolares.
Aseguran que el servicio seguirá funcionando
Desde el Gobierno remarcaron que la resolución judicial no altera el funcionamiento de los comedores ni la entrega de desayunos y meriendas a los alumnos.
Explicaron que el nuevo esquema fue diseñado para aplicarse de manera gradual y que, desde el inicio del proceso de implementación, se instruyó a los directores de todos los establecimientos educativos a mantener el sistema tradicional de provisión hasta que la nueva modalidad estuviera plenamente operativa.
Por ese motivo, afirmaron que la cautelar no modifica la continuidad del servicio alimentario ni afecta el normal desarrollo de las actividades escolares.
Transparencia y control de los recursos
En el comunicado, el Ejecutivo provincial defendió la reforma impulsada en el sistema de provisión de alimentos, al sostener que forma parte de una política pública orientada a fortalecer la transparencia en la administración de los recursos estatales.
Según indicaron, el nuevo modelo busca mejorar los mecanismos de compra y distribución de alimentos, dejando atrás prácticas que, durante años, fueron objeto de cuestionamientos y denuncias por presuntas irregularidades.
Asimismo, el Gobierno aseguró que sostendrá esa postura durante el proceso judicial, al considerar que el combate contra la corrupción y el uso eficiente de los recursos públicos constituyen una obligación indelegable del Estado.
Finalmente, la administración provincial reafirmó su compromiso con el respeto a las decisiones de la Justicia y con el ejercicio de todas las herramientas legales disponibles para defender lo que considera el interés público, al tiempo que reiteró que la alimentación de los estudiantes continuará garantizada en toda la provincia.
Redaccion de 7Paginas
